La terminal de San José de Iturbide, en Guanajuato, no logró demostrar la procedencia legal de 59 millones de litros de combustible asegurados el 17 de septiembre. La información fue proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), que indicó que la empresa operadora no presentó documentación que acreditara la trazabilidad del hidrocarburo durante el cateo realizado. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, explicó que la planta quedó en depósito por el volumen de combustible almacenado, pero subrayó que esto no significa que no se haya llevado a cabo el cateo correspondiente. Aunque la empresa afirmó que su documentación estaba en orden y que opera legalmente, la gobernadora enfatizó que la veracidad de estas afirmaciones depende de la presentación de los documentos pertinentes, como una carta de importación o una factura de Pemex. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada se ha hecho cargo de las investigaciones, y el Gobierno del Estado se mantendrá en contacto con esta instancia para recibir actualizaciones sobre el caso. Además, la gobernadora indicó que recientemente Pemex Logística se ha integrado al Grupo de Inteligencia Operativa, lo que refuerza la colaboración en materia de seguridad. Se ha clausurado también cuatro gasolineras en León por presuntas irregularidades en la venta de combustible. Las investigaciones iniciaron el 3 de julio, tras la detención de un individuo en San Luis de la Paz, quien no pudo demostrar la procedencia del diésel que estaba descargando. Esto condujo a la realización de cateos en diferentes instalaciones, incluyendo la terminal de La Fragua, de donde proviene el combustible incautado. Aunque las operaciones en la terminal han continuado, la reanudación ha generado protestas de residentes de comunidades cercanas, quienes exigen el cierre de la planta por considerarla un riesgo. El alcalde de San José de Iturbide, Manuel Montes, ha ofrecido establecer un espacio de diálogo entre las partes involucradas.
