La falta de actualización de los sistemas catastrales en México limita el potencial recaudatorio del impuesto predial, una de las principales fuentes de ingreso de los municipios. Según el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor catastral promedio representa el 54.6% del valor comercial de los inmuebles, lo que refleja una diferencia del 45.4% entre ambos valores. Esta disparidad presenta un desafío para las administraciones públicas al afectar la equidad fiscal y restringir la capacidad de recaudación del predial.
El rezago en la valuación es significativo. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), solo el 41% de los mil 980 catastros existentes en el país contaba con información básica sobre las propiedades en 2023. Mantener registros actualizados y precisos es esencial para asegurar una base gravable adecuada y mejorar la recaudación.
Las cifras de recaudación evidencian el margen de mejora. Durante 2023, los gobiernos locales recaudaron 67 mil 80 millones de pesos por impuesto predial, equivalente al 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cifra que se encuentra por debajo de la registrada en Brasil (0.6%) y Chile (0.8%), según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El IMCO estima que, si México lograra niveles de recaudación similares a los de estos países, podría obtener entre 113 mil y 172 mil millones de pesos adicionales en ingresos por este concepto. Además, una modernización de la gestión catastral podría duplicar la recaudación del impuesto en relación al PIB.
El académico Jorge Gallegos Contreras, en su estudio “La situación del catastro y el impuesto predial en México. Un potencial desaprovechado”, estimó que el país presenta un potencial no aprovechado de al menos 370 mil 600 millones de pesos en recaudación. Esta estimación se basa en la comparación de la recaudación mexicana con mejores escenarios internacionales. Gallegos Contreras identifica como obstáculos la falta de sistemas catastrales eficientes, las limitadas capacidades técnicas de los encargados de catastro, la insuficiencia en la recuperación de cartera vencida, así como marcos normativos desactualizados y prácticas inconsistentes en el cobro.
Desde 1993, la administración del impuesto predial ha estado a cargo de los municipios. A pesar de los esfuerzos por modernizar los catastros, los resultados han sido variados, y persisten desajustes en diferentes regiones del país. En este contexto, la propuesta de actualización de catastros formulada por la presidenta Claudia Sheinbaum se presenta como una medida para mejorar la identificación y valuación de inmuebles, contribuyendo a fortalecer las finanzas municipales y optimizar la base de cálculo del impuesto, sin necesariamente aumentar las tasas actuales.