El Gobierno de México ha anunciado la elaboración de un decreto que obligará a las plataformas digitales a identificar y eliminar contenidos que inciten a la violencia. Esta decisión se produce tras el ataque perpetrado por dos hermanos de 18 años en una secundaria de Torreón, Coahuila, que resultó en la muerte de una subdirectora y dejó cuatro personas heridas.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el grupo encargado de crear el decreto incluirá expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum precisó que es crucial definir claramente los contenidos que serán objeto de eliminación para evitar la censura.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad han señalado similitudes entre este ataque y otros incidentes recientes en Querétaro, relacionados con comunicaciones a través de redes sociales, aunque no se proporcionaron más detalles. Sheinbaum enfatizó que se espera que las plataformas asuman un rol proactivo en la prevención, retirando contenidos potencialmente peligrosos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el decreto establecerá obligaciones claras para las plataformas en la detección y remoción de contenidos que inciten a la violencia. Además, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aumentará su monitoreo de redes sociales y foros en búsqueda de contenidos extremos.
García Harfuch aclaró que la consulta de ciertos contenidos en redes sociales no necesariamente implica un delito, y que se buscará distinguir entre expresiones legítimas y amenazas concretas. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, mencionó que los detenidos por el ataque en Torreón habían seguido páginas relacionadas con agresiones en otros países y manifestaron admiración por autores de ataques masivos.
En este contexto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que el Gobierno estudiará formas de restringir la creación de cuentas de redes sociales por parte de menores sin la intervención de sus padres, y exigió a las plataformas que demuestren ser entornos seguros para los adolescentes. Además, se contempla mejorar las estrategias de atención emocional en las escuelas y establecer buzones confidenciales para identificar situaciones de riesgo entre los estudiantes.