El vicefiscal General del Estado de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro, se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en respuesta a señalamientos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada formulados por autoridades de Estados Unidos.

A su salida de las instalaciones de la FGR, Castro evitó comentar detalles sobre la investigación, invocando la necesidad de mantener la secrecía de la carpeta de investigación. Señaló que tiene confianza en las instituciones y afirmó estar tranquilo mientras las indagaciones continúan.

Este funcionario, quien solicitó licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo, notificó que su decisión se tomó con el fin de atender cualquier requerimiento institucional relacionado con las investigaciones. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió un comunicado señalando que la solicitud fue conforme a las leyes nacionales y a los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal.

La separación temporal de Castro se dio horas después de que la fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, anunciara que evaluaba la permanencia del vicefiscal en su puesto ante las indagatorias de la FGR. La fiscal expresó que estaba atenta al desarrollo de estas investigaciones para decidir si Castro debería continuar en funciones o separarse, de modo que no se obstaculizara el proceso.

Hasta el momento, las autoridades federales no han proporcionado información adicional sobre el progreso de las indagatorias o las acusaciones realizadas por las autoridades estadounidenses. Castro reiteró su intención de esperar el desarrollo del proceso conforme a lo estipulado por la ley.

Durante la «Cumbre de grandes empresas, decisiones empresariales en un entorno de alta incertidumbre», organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), empresarios y especialistas expresaron su preocupación por el impacto de la reforma al sistema judicial en la inversión en México. Aseguraron que esta reforma ha generado incertidumbre y ha debilitado la confianza de los inversionistas.

Javier Laynez, exministro de la Suprema Corte, afirmó que la reforma obstaculiza la llegada de nuevas inversiones al país. Sostuvo que se han introducido obstáculos adicionales que desincentivan la inversión y que podrían permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas sin los controles necesarios, lo que afectaría negativamente a las empresas.

Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, apuntó que existen inversiones detenidas debido a la falta de certeza jurídica, planificación energética insuficiente y diversos obstáculos regulatorios. Explicó que las inversiones no dependen únicamente de la ubicación geográfica, sino de la confianza y la claridad en las reglas jurídicas.

Aunque México mantiene una relación comercial significativa con Estados Unidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Sierra enfatizó que ningún acuerdo comercial sustituye la necesidad de condiciones internas adecuadas para atraer inversión. Resaltó que la confianza empresarial está vinculada a la fortaleza institucional y al respeto al Estado de derecho.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, añadió que la reforma judicial ha debilitado las instituciones y creó incertidumbre en relación al T-MEC. Indicó que una pérdida del grado de inversión podría tener consecuencias a largo plazo, dificultando la recuperación de la confianza.

Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero del Sistema de Justicia, mencionó que el sistema judicial anterior beneficiaba a quienes tenían recursos para contratar abogados, aunque no se ha establecido una alternativa robusta tras la reforma.

En el contexto de la reforma electoral, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aclaró que la propuesta para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas no busca que el Instituto Nacional Electoral (INE) decida sobre la elegibilidad de candidatos, sino que actuará como un enlace entre partidos políticos y las autoridades correspondientes.

Sheinbaum caracterizó que esta comisión facilitaría la comunicación entre el INE, la UIF, la Fiscalía General de la República y otras instituciones para investigar candidatos. Explicó que la información sería recabada y devuelta a los partidos, quienes tendrían la decisión final sobre la postulación.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, había expresado previamente su preocupación de que esta reforma pudiera comprometer la independencia del Instituto. La propuesta sugiere establecer un canal confidencial entre partidos y autoridades para identificar vínculos delictivos en los aspirantes.

La reforma al Poder Judicial ha generado divisiones en el panorama político del país. Mientras el partido Morena y el Gobierno federal defienden estos cambios como pasos hacia la democratización de la justicia, críticos advierten sobre la posibilidad de una mayor politización y debilitamiento institucional.

El clima en Monterrey se caracterizará este miércoles por lluvias moderadas, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 34 grados Celsius y un mínimo de 24 grados. Las autoridades meteorológicas informan que la probabilidad de precipitación es del 100%, con vientos provenientes del Este a una velocidad de 6 kilómetros por hora. La humedad en la región se estima en 37%.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el jueves 28 de mayo se presentarán nubes dispersas, con temperaturas que irán de 22 a 32 grados Celsius. El viernes 29 de mayo se espera cielo despejado, con un rango de temperaturas de 23 a 35 grados. El sábado 30 de mayo prevé un cielo muy nuboso, con las mismas temperaturas máximas y mínimas que el día anterior. Para el domingo 31 de mayo, se anticipan lluvias moderadas, alcanzando temperaturas de hasta 33 grados. Los lunes y martes siguientes, se pronostican lluvias ligeras y temperaturas que variarán entre 30 y 34 grados. Finalmente, el miércoles 3 de junio se esperan lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán entre 22 y 28 grados.

Morena y sus aliados legislativos aprobaron en lo general la reforma constitucional que permite la realización de una segunda elección de magistrados y jueces, programada para el primer domingo de junio de 2028, con 341 votos a favor y 124 en contra. La sesión se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y, tras cuatro horas y media de discusión, se decretó un receso. Las reservas al dictamen se debatirán mañana a las 09:00 horas.

La reforma incluye la creación de una Comisión Coordinadora responsable de proponer candidatos, modificar las boletas y establecer un programa de capacitación continua para magistrados y jueces, a través de la Escuela Nacional de Formación Judicial. También se establece que la elección de 2028 podrá coincidir con una revocación de mandato y otorgará un año adicional en el cargo a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes prolongarán su mandato hasta 2028.

Durante la discusión, los diputados del PAN, PRI y MC expresaron su oposición a la reforma, argumentando que no resuelve las deficiencias de la reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024. Antes de iniciar el debate, se rechazaron dos mociones suspensivas, incluyendo una presentada por la diputada Margarita Zavala del PAN y otra por Rubén Moreira Valdez del PRI. Este último solicitó suspender la discusión para abordar la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la reforma plantea una elección de este puesto que podría causar confusión.

Los opositores también señalaron que la reforma puede facilitar la influencia del crimen organizado en el proceso electoral y subrayaron la necesidad de establecer mecanismos para enfrentar dicha problemática. La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá del PAN criticó a los morenistas por su enfoque en la elección popular de magistrados y jueces, argumentando que se desvirtúa la carrera judicial. Claudia Ruiz Massieu de MC advirtió que la iniciativa mantiene las deficiencias de la reforma judicial actual, especialmente en el proceso de selección de candidatos.

Por su parte, el diputado Leonel Godoy de Morena aclaró que no todos los candidatos serán seleccionados por tómbola, sino que serán evaluados previamente por los comités correspondientes.

Las personas que cotizaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1 de julio de 1997 pueden acceder al Régimen 73, que permite la jubilación a partir de los 60 años. Sin embargo, quienes opten por esperar hasta los 65 años podrán incrementar considerablemente el monto de su pensión.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informa que los trabajadores que se pensionen a los 65 años recibirán el 100% de la pensión calculada por el IMSS, mientras que aquellos que decidan retirarse antes percibirán solo una parte proporcional. El monto de la pensión varía según la edad de jubilación: al cumplir 60 años, se obtiene el 75%; a los 61, el 80%; a los 62, el 85%; a los 63, el 90%; a los 64, el 95%; y a los 65, el 100%. Esto indica que una persona que se jubile a los 65 años puede recibir hasta un 25% más que quien se retire a los 60.

El IMSS calcula el monto de la pensión tomando como base el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, es decir, alrededor de cinco años de trabajo. Para acceder al Régimen 73, es necesario contar con al menos 500 semanas cotizadas ante el instituto.

Los interesados en iniciar el trámite de jubilación deberán presentar una identificación oficial, el estado de cuenta de la AFORE, un estado de cuenta bancario con CLABE y la resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS. Este procedimiento se realiza en la subdelegación del IMSS correspondiente.

Expertos en retiro advierten que aplazar la jubilación puede resultar en un aumento significativo de los ingresos mensuales durante la pensión. No obstante, también sugieren evaluar factores personales como la salud, la estabilidad laboral y el ahorro acumulado antes de tomar una decisión. Además, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro recuerda que quienes no cumplan con las semanas requeridas podrían recibir una negativa de pensión, limitándose a recuperar los recursos de su cuenta individual.