Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó en su conferencia de prensa matutina la captura de Ismael «El Mayo» Zambada y su posible implicación con la violación de la soberanía nacional por parte de autoridades estadounidenses. Sheinbaum indicó que todavía persisten inconsistencias en la operación que llevó a la detención del líder del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense.

Las declaraciones de la Mandataria se produjeron en respuesta a los recientes comentarios del exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien reiteró que la detención de Zambada no fue una operación del Gobierno de Estados Unidos y que ni el avión ni el piloto involucrados pertenecían a autoridades estadounidenses. Sin embargo, Sheinbaum cuestionó la afirmación, destacando que el FBI presentó el avión en una feria como parte de una operación fallida.

Además, la presidenta subrayó que el tema trasciende la captura del capo y se centra en el respeto a la soberanía mexicana. La Mandataria sostuvo que la gestión de su Gobierno considera la existencia de «omisión y falsedad» por parte del exembajador y, en consecuencia, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que incorpore estos elementos en la investigación que se lleva a cabo.

La controversia también involucra un posible incumplimiento de normas internacionales y las repercusiones de la captura en el estado de Sinaloa, incluyendo un conflicto interno en un grupo delictivo. El canciller Roberto Velasco comparó el caso con el del médico mexicano Humberto Álvarez Machaín, trasladado a Estados Unidos en un incidente de secuestro en la década de 1990, en el que afirmó que se trató de una violación a la soberanía de México, sin importar los delitos de los cuales se le acusaba.

La discusión ha cobrado relevancia después de que se conociera que el FBI donó la avioneta utilizada en el operativo a un museo estadounidense. Mientras Salazar sostiene que Washington no participó en la operación, la Fiscalía mexicana mantiene abierta la investigación y ha acusado al exdiplomático de falsedad en sus declaraciones respecto a la posible implicación de autoridades estadounidenses.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados ha presentado una iniciativa para reformar las leyes General de Educación y General de Educación Superior. Esta propuesta tiene como propósito frenar la comercialización inadecuada y el uso engañoso de los reconocimientos conocidos como «doctor honoris causa».

La legisladora Ivonne Ruiz Moreno, impulsora de esta iniciativa, argumenta que es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y los sistemas de reconocimiento oficial. La representante expone que la comercialización de estos títulos y la proliferación de reconocimientos fraudulentos han creado un entorno que socava la confianza pública en el sistema académico.

La diputada subraya que el Estado mexicano tiene la responsabilidad constitucional de proteger la integridad del sistema educativo, así como de preservar el valor del mérito académico auténtico. Resalta que su propuesta no busca restringir la autonomía de las universidades ni limitar su capacidad para otorgar distinciones, sino asegurar que dichos reconocimientos mantengan su prestigio y legitimidad.

Ruiz Moreno indica que es esencial regular este tipo de distinciones para salvaguardar la excelencia educativa y proteger a la ciudadanía de posibles fraudes. En su exposición, menciona que investigaciones y denuncias han revelado la existencia de organizaciones que ofrecen «doctorados honoris causa» bajo procedimientos que simulan procesos académicos auténticos.

Estas organizaciones utilizan nombres similares a instituciones educativas con el fin de vender distinciones a cambio de cuotas o donativos, lo que desvirtúa el significado de los reconocimientos. La diputada aclara que la propuesta no tendrá un impacto presupuestario adicional para la Federación o las entidades federativas, ya que no se crearán nuevas estructuras administrativas o burocráticas.

La medida busca reafirmar el compromiso con la calidad institucional y proteger la confianza en los procesos académicos.

Más de un centenar de rescatistas mexicanos ha regresado a México tras participar en las labores humanitarias en Venezuela, donde se produjo un doble terremoto el 24 de junio. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 8 de julio, 149 integrantes de diversas organizaciones, incluyendo la Cruz Roja y Protección Civil, arribaron al país en un vuelo comercial.

El grupo, que incluyó 14 binomios caninos, estuvo involucrado en la recuperación de personas atrapadas entre los escombros. Según la SRE, «se logró rescatar a dos personas y un perro, además de recuperar 80 cuerpos», lo que permitirá a las familias iniciar los procesos de identificación de sus seres queridos.

Las autoridades venezolanas han reportado que el número de fallecidos asciende a 3,811, y la cifra de heridos se mantiene en 16,740. Hasta la fecha, 6,462 personas han sido rescatadas desde el tiempo de la tragedia.

México continúa brindando apoyo a Venezuela, enviando toneladas de ayuda humanitaria en el contexto de esta emergencia. El esfuerzo se ha visto respaldado por el agrupamiento «Yumare», compuesto por 264 elementos del ejército mexicano, que se sumaron a las tareas de rescate y asistencia médica en la región afectada.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ha establecido directrices para que los trabajadores de la tercera edad que participan en el Programa de Vinculación Productiva puedan recibir su aguinaldo. Este beneficio se concede exclusivamente a aquellos que mantienen una relación laboral formal con empresas vinculadas al programa, no a quienes solo poseen la credencial de descuento del Inapam.

Las empresas que participan asumen la total responsabilidad de cumplir con las obligaciones patronales, incluyendo el pago de prestaciones. Así, los adultos mayores contratados bajo esta modalidad tienen derechos equiparables a los de cualquier trabajador en el país, conforme a las leyes vigentes.

Para integrarse al Programa de Vinculación Productiva, los interesados deben ser mayores de sesenta años, presentar una tarjeta de afiliación vigente y llenar una solicitud de inclusión social. Este proceso es gratuito y se lleva a cabo en los módulos oficiales del Inapam.

Los candidatos que completen su registro participan en entrevistas con empresas que ofrecen vacantes acordes a sus perfiles. En cuanto al aguinaldo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), este es equivalente a un mínimo de 15 días de trabajo de salario, y varía según la remuneración recibida por cada adulto mayor.

El Inapam busca así fomentar la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad. La credencial emitida por el instituto también acredita la identidad de sus portadores y facilita el acceso a programas sociales del Gobierno Federal.

El programa de restricción vehicular Hoy No Circula se implementará este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México debido a que las condiciones de la calidad del aire no justifican la activación de una contingencia ambiental. La Dirección de Monitoreo Atmosférico reportó que, a las 6:00 horas, la calidad del aire en el Valle de México se considera aceptable, aunque se detectaron partículas contaminantes PM₂.₅ en ciertas áreas.

Los vehículos sujetos a restricción hoy, entre las 5:00 y las 22:00 horas, son aquellos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, así como los que cuentan con hologramas 1 y 2. Esta medida afecta a todas las alcaldías de la Ciudad de México y a los municipios conurbados del Estado de México, que abarcan lugares como Atizapán de Zaragoza, Ecatepec y Naucalpan, entre otros.

Están exentos de las restricciones los vehículos eléctricos e híbridos con hologramas 0 y 00, el transporte público, los vehículos de emergencia, las motocicletas y aquellos automóviles con placas para personas con discapacidad. La vigilancia de la calidad del aire es continua, y las autoridades monitorean para determinar si hay necesidad de activar una contingencia ambiental.

Las multas por incumplir con el programa pueden oscilar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un costo de entre 2,346 y 3,519 pesos.