La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México ha informado sobre las acciones emprendidas tras el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien solicitó denuncias por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia o en operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. La SRE, bajo la dirección del canciller Roberto Velasco, ha detallado que este lunes se iniciaron varias medidas, incluyendo la presentación de una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales.

La SRE ha coordinado esfuerzos con la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar la denuncia a través de la Embajada de México en Estados Unidos. Además, se han comenzado a presentar denuncias ante las fiscalías estatales competentes, utilizando canales diplomáticos desde la red consular. Las acciones civiles incluyen el envío de escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde han ocurrido estas defunciones.

El primer escrito, suscrito por el consultor jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro mexicanos. El propósito de estos documentos es que se detengan acciones u omisiones que hayan contribuido a estas muertes, como el acceso restringido a atención médica adecuada y la implementación de políticas no alineadas con los estándares médicos.

Asimismo, el canciller Velasco ha comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre las muertes y ha solicitado que se recabe información de las autoridades estadounidenses, se analice la situación conforme a obligaciones internacionales, y se formulen recomendaciones pertinentes al Consejo de Derechos Humanos.

Las acciones descritas son parte de una fase de investigación previa al ejercicio de posibles acciones judiciales. La SRE ha reiterado su apoyo a las familias de las víctimas y ha afirmado que el Gobierno de México actuará con firmeza en la defensa de los derechos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, utilizando los canales institucionales disponibles en ambos países y de acuerdo con el derecho internacional.

Este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó desde Palacio Nacional que el Gobierno de México no ha recibido pruebas de Estados Unidos en relación con los vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el narcotráfico. Sheinbaum enfatizó que no se deben realizar acusaciones sin evidencias concretas.

Al ser cuestionada sobre la existencia de pruebas que respaldaran las acusaciones, la mandataria aseguró: «No, ninguna». Esta afirmación se produce en el contexto de la solicitud de detención presentada por autoridades estadounidenses, la cual llevó a Rocha Moya a separarse temporalmente de su cargo.

Sheinbaum resaltó que su administración no protegerá a nadie que enfrente acusaciones fundadas, pero tampoco respaldará acusaciones infundadas. «No vamos a cubrir a nadie, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas», declaró.

La Presidenta informó que ha tenido solo una conversación con Rocha Moya desde que surgió la solicitud de las autoridades estadounidenses, y que dicha comunicación tuvo lugar el mismo día en que la controversia se hizo pública. Durante esa conversación, recomendó al gobernador que se pronunciara de manera pública, a lo que este respondió mediante un comunicado en sus redes sociales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó en abril la detención urgente de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluyendo a Rocha Moya, debido a su supuesta colaboración con “Los Chapitos”, una facción del Cartel de Sinaloa. Hasta el momento, dos de los acusados se han entregado a las autoridades estadounidenses; el resto permanece en México para presentar su defensa en este caso que ha deteriorado las relaciones bilaterales.

El Gobierno de México ha señalado que no procederá con la detención de los políticos mencionados hasta que se presenten las pruebas que justifiquen tal acción.

El senador Gerardo Fernández Noroña acusó al Tribunal Electoral de Michoacán de incurrir en «arbitrariedad» tras ser sancionado por violencia política de género en contra de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz. Según el legislador, calificar a Quiroz de «fascista» en el contexto de sus aspiraciones electorales no constituye una agresión.

Fernández Noroña argumentó que existe una «evidente intención electoral» tras la acusación, al vincular a Raúl Morón, candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, con el asesinato de Carlos Manzo. El senador también afirmó que en un escenario inverso, al referirse a un hombre que ocupó un cargo previamente, no se consideraría violencia política de género.

El ex presidente del Senado declaró que la resolución del tribunal establece un precedente que podría obstaculizar el debate político entre hombres y mujeres. Fernández Noroña expresó que esta sentencia afecta su reputación legislativa y sugirió que se busca limitar su participación en la política.

Asimismo, retó a los magistrados a que detallen públicamente la lógica que sustenta su sentencia, cuestionando por qué considerar una declaración sobre una «posición fascista» como un acto de violencia política de género. El senador anticipó su intención de impugnar la decisión y sugirió que el objetivo final es desacreditarlo para frenar su posible candidatura a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.