La jueza especializada en Control, Consuelo Adriana Correa, revocó la prisión preventiva del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, lo que permite su libertad inmediata tras comprobar su residencia en la Ciudad de México. La decisión fue tomada en una audiencia el día de hoy, donde se consideraron cambios en las circunstancias que llevaron a la imposición de la medida cautelar.

Durante la audiencia, la jueza indicó que la defensa presentó documentos que acreditan un domicilio fijo en la capital, lo que influenció en la modificación de la medida cautelar. Anteriormente, Rodríguez Padilla no había podido demostrar la existencia de un domicilio permanente, situación que fue subsanada con la nueva documentación.

Además, se tomó en cuenta una carta en la que la esposa del exfuncionario, la ingeniera María Felicia Jiménez Lavie, expresó su perdón y su deseo de buscar alternativas al proceso penal.

Con esta información, Consuelo Adriana Correa decidió dejar sin efecto la prisión preventiva justificada. La jueza también ordenó al director del Centro de Reinserción Social Morelos realizar los trámites necesarios para efectivizar la liberación de Víctor Rodríguez Padilla en un plazo de dos horas, comenzando a contar desde las 10:45 horas de este martes.

El futuro político de Sinaloa se encuentra en incertidumbre. La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no se prevé un retorno inmediato del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, a sus funciones, debido a un vacío en la legislación local. La mandataria indicó que no existe un plazo específico en la normativa que obligue a la reincorporación del funcionario.

La jefa del Ejecutivo explicó que la Constitución del Gobierno de Sinaloa no establece un artículo que defina un periodo específico para el regreso del mandatario con licencia. Esta ausencia normativa crea un margen indefinido para la resolución de su situación. Durante la conferencia, Sheinbaum evitó ofrecer juicios sobre un posible regreso temprano de Rocha Moya a su cargo.

La separación del gobernador se produjo tras una serie de señalamientos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En respuesta a las especulaciones sobre su localización, Rocha Moya aclaró que se encuentra en su residencia en Culiacán y negó estar bajo algún régimen de protección o aislamiento. En un comunicado, subrayó que no recibe resguardos especiales ante las investigaciones penales.

Ante las acusaciones internacionales, la Administración federal adoptó una postura cauta, haciendo énfasis en el respeto a los procesos legales. Sheinbaum mencionó que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas formales que respalden los señalamientos. En este contexto, la Presidencia exhortó a evitar especulaciones y declaró que espera que la Fiscalía General de la República culmine las etapas correspondientes de recopilación de información.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México ha informado sobre las acciones emprendidas tras el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien solicitó denuncias por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia o en operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. La SRE, bajo la dirección del canciller Roberto Velasco, ha detallado que este lunes se iniciaron varias medidas, incluyendo la presentación de una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales.

La SRE ha coordinado esfuerzos con la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar la denuncia a través de la Embajada de México en Estados Unidos. Además, se han comenzado a presentar denuncias ante las fiscalías estatales competentes, utilizando canales diplomáticos desde la red consular. Las acciones civiles incluyen el envío de escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde han ocurrido estas defunciones.

El primer escrito, suscrito por el consultor jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro mexicanos. El propósito de estos documentos es que se detengan acciones u omisiones que hayan contribuido a estas muertes, como el acceso restringido a atención médica adecuada y la implementación de políticas no alineadas con los estándares médicos.

Asimismo, el canciller Velasco ha comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre las muertes y ha solicitado que se recabe información de las autoridades estadounidenses, se analice la situación conforme a obligaciones internacionales, y se formulen recomendaciones pertinentes al Consejo de Derechos Humanos.

Las acciones descritas son parte de una fase de investigación previa al ejercicio de posibles acciones judiciales. La SRE ha reiterado su apoyo a las familias de las víctimas y ha afirmado que el Gobierno de México actuará con firmeza en la defensa de los derechos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, utilizando los canales institucionales disponibles en ambos países y de acuerdo con el derecho internacional.

Este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó desde Palacio Nacional que el Gobierno de México no ha recibido pruebas de Estados Unidos en relación con los vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el narcotráfico. Sheinbaum enfatizó que no se deben realizar acusaciones sin evidencias concretas.

Al ser cuestionada sobre la existencia de pruebas que respaldaran las acusaciones, la mandataria aseguró: «No, ninguna». Esta afirmación se produce en el contexto de la solicitud de detención presentada por autoridades estadounidenses, la cual llevó a Rocha Moya a separarse temporalmente de su cargo.

Sheinbaum resaltó que su administración no protegerá a nadie que enfrente acusaciones fundadas, pero tampoco respaldará acusaciones infundadas. «No vamos a cubrir a nadie, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas», declaró.

La Presidenta informó que ha tenido solo una conversación con Rocha Moya desde que surgió la solicitud de las autoridades estadounidenses, y que dicha comunicación tuvo lugar el mismo día en que la controversia se hizo pública. Durante esa conversación, recomendó al gobernador que se pronunciara de manera pública, a lo que este respondió mediante un comunicado en sus redes sociales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó en abril la detención urgente de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluyendo a Rocha Moya, debido a su supuesta colaboración con “Los Chapitos”, una facción del Cartel de Sinaloa. Hasta el momento, dos de los acusados se han entregado a las autoridades estadounidenses; el resto permanece en México para presentar su defensa en este caso que ha deteriorado las relaciones bilaterales.

El Gobierno de México ha señalado que no procederá con la detención de los políticos mencionados hasta que se presenten las pruebas que justifiquen tal acción.