Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en varios municipios de Guanajuato, incluyendo León, Irapuato, Salamanca y Celaya, realizaron manifestaciones el 13 de octubre como parte de una movilización nacional para demandar mejores salarios, abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, así como condiciones laborales dignas. Los trabajadores manifestaron su desacuerdo con un incremento salarial del 2.9% al tabulador y cuestionaron al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) por no representar adecuadamente los intereses de sus agremiados.

Las protestas incluyeron marchas y plantones frente a hospitales y sedes sindicales. En Irapuato y Celaya, los cierres temporales de vialidades provocaron congestión vehicular, mientras que en Salamanca, los trabajadores laboraron bajo protesta. Los manifestantes también denunciaron represalias y amenazas por parte de la dirigencia sindical y exigieron la convocatoria de un congreso extraordinario para revisar sus demandas salariales.

Los derechos de los derechohabientes también fueron un tema recurrente en las protestas, con testimonios que reportaron retrasos en consultas y cirugías, así como dificultades para obtener medicamentos, lo que ha forzado a algunos a recurrir a tratamientos particulares.

En Salamanca, el personal del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 3 del IMSS mantuvo un plantón pacífico, denunciando el desabasto crónico de medicamentos e insumos. A pesar de la protesta, el personal continuó brindando servicios médicos para evitar perjudicar a los usuarios. La doctora Nancy Ramírez Cantú, quien labora en ese hospital, afirmó que la movilización refleja cuatro demandas centrales: rechazo al tope salarial, un congreso extraordinario, destitución de la dirigencia nacional y abasto de insumos médicos.

En Irapuato, aproximadamente 100 trabajadores marcharon por las calles para exigir salarios dignos y mejor equipamiento para atender a la población. En Celaya, alrededor de 350 trabajadores y jubilados del IMSS también se unieron a la movilización nacional, demandando un freno a los abusos laborales y condiciones adecuadas para el servicio a la ciudadanía.

Finalmente, en León, se llevaron a cabo protestas para solicitar un aumento salarial del 10%, destacando nuevamente la falta de medicamentos y personal médico. Los trabajadores insistieron en que continuarán sus movilizaciones hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades del IMSS y la dirigencia sindical.

Isidoro Bazaldúa Lugo, exdiputado, ha anunciado su intención de impugnar la decisión del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) que rechazó su candidatura a la presidencia municipal de Doctor Mora por la vía independiente. El Consejo General del IEEG determinó que la postulación estaba reservada exclusivamente para mujeres, y aunque Bazaldúa se registró como mujer a través de la asociación «Charcas Mora A.C.», no se le otorgó la constancia de aspirante debido a que no acreditó dicha condición.

Brenda Canchola Elizarrarrás, presidenta del IEEG, explicó que la institución no cuestiona la autopercepción de la identidad de género, pero enfatizó la importancia de evitar el uso indebido de acciones afirmativas que buscan lograr la paridad de género. Canchola indicó que la decisión se basó en un marco legal que considera la representación igualitaria y la superación de desigualdades históricas.

La presidenta del IEEG precisó que, aunque se respeta la autopercepción, es necesario establecer criterios claros para la elegibilidad en términos de acciones afirmativas. Se solicitó a grupos como comunidades indígenas y personas con discapacidad que presenten pruebas objetivas de su autoadscripción para garantizar la integridad del proceso electoral.

Bazaldúa ha manifestado su intención de recurrir a instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que la decisión del IEEG viola sus derechos político-electorales. Expresó su desacuerdo con lo que califica como un enfoque político tras la negativa a su candidatura, sugiriendo que el IEEG carece de evidencia suficiente para fundamentar su rechazo.

El exdiputado ha denunciado también la violencia política de género que ha sufrido tras el rechazo de su candidatura, así como la falta de representación de las candidaturas independientes dentro del IEEG. Además, argumentó que la autoadscripción es un derecho humano y que su identidad de género no debería ser un impedimento para participar en el proceso electoral.

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en colaboración con el Instituto de Innovación, la Universidad de Guanajuato y el Colegio de Abogados de León, llevó a cabo la graduación de la primera generación del Diplomado en Gestión Estratégica de la Propiedad Industrial y Comercialización de la Tecnología en Silao. Este programa, que se desarrolló en 120 horas, integró herramientas para que investigadores, académicos, funcionarios públicos y emprendedores aprendieran a proteger sus invenciones y gestionar derechos de propiedad industrial, así como a realizar la transferencia tecnológica al sector productivo.

Durante la ceremonia de clausura, Juan Antonio Reus Montaño, Director General del Instituto de Innovación, destacó la necesidad de vincular el conocimiento con la comercialización para mantener a Guanajuato en los primeros lugares de patentes en el país. Reus Montaño enfatizó que «en Guanajuato la innovación requiere protegerse y llevarse al mercado para la transformación social», mencionando que esta primera generación demuestra que la colaboración entre la academia, el sector público y los emprendedores genera activos valiosos para el ecosistema.

Christian Gómez Solís, Coordinador General del Ecosistema VIDA de la Universidad de Guanajuato, subrayó la importancia del trabajo conjunto para aplicar el conocimiento científico e innovador. Gómez Solís afirmó que la colaboración permite que los académicos e investigadores cuenten con bases metodológicas y legales para la transferencia tecnológica.

Víctor Manuel Sánchez Quiroz, Presidente del Colegio de Abogados de León, expuso el papel crucial de la comunidad legal en la protección jurídica de la tecnología. Bajo su perspectiva, el diplomado establece fundamentos para que el marco legal apoye el registro de invenciones y la comercialización tecnológica.

La graduada Adriana Fragoso Mora, docente investigadora del Tecnológico Nacional de México en Purísima del Rincón, señaló que el diplomado proporcionó herramientas valiosas para registrar invenciones y facilitar la transferencia tecnológica, crucial para que los desarrollos salgan del laboratorio a la sociedad.

Con la entrega de diplomas a los egresados, se concluyó un programa orientado a fortalecer competencias en propiedad intelectual y transferencia de tecnología en Guanajuato.

La suspensión del servicio de 147 kioscos operados por el Gobierno del Estado de Guanajuato se debió a un intento de extorsión, no a un hackeo, según lo declarado por el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste. Estos kioscos, que ofrecen servicios digitales como copias de actas de nacimiento y pago de impuestos, han estado fuera de servicio desde el 2 de octubre.

Vázquez Alatriste explicó que el intento de extorsión fue perpetrado por individuos que no tenían claro el objetivo de su acción, lo que sugiere un error en la selección del blanco. El fiscal se abstuvo de proporcionar detalles sobre la cantidad de dinero demandada, citando que dicha información forma parte de la investigación en curso.

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) no ha emitido información sobre la causa de la suspensión, pero el fiscal aclaró que la información de los ciudadanos no fue comprometida. Según su declaración, datos extraídos pertenecen al proveedor del servicio y no son relevantes en términos de seguridad.

La empresa Zona Zero, S.A. de C.V., con sede en Colima, es la encargada de la infraestructura y el funcionamiento de los kioscos. Tiene contratos vigentes con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato que obligan a la empresa a garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, no hay cláusulas específicas que aborden la seguridad y el mantenimiento en caso de incidentes.

A pesar de que han sido reportados diversos ataques informáticos a dependencias estatales, la Fiscalía no ha podido proporcionar un conteo exacto de las denuncias recibidas o detalles sobre la situación de cada investigación. El fiscal Vázquez Alatriste indicó que hay un avance en los casos, pero no dio cifras específicas.

Entre los incidentes previos se incluye un ataque al SATEG que resultó en la suspensión de los kioscos. También se ha reportado la sustracción de datos de miembros de las Fuerzas de Seguridad Pública y filtraciones relacionadas con el Banco Estatal de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Las afectaciones han trascendido a múltiples dependencias, generando inquietudes sobre la seguridad de la información en el estado. Sin embargo, el número total de denuncias y el avance específico de las investigaciones siguen sin precisarse públicamente.