La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que demanda a las autoridades de Nicaragua restablecer el orden democrático, liberar a los presos políticos y crear condiciones para elecciones libres e inclusivas. Este acontecimiento es significativo en el panorama político hemisférico, ya que pone de manifiesto las tensiones en la región y la preocupación por la erosión de la democracia en Nicaragua.

México, representado por su delegado ante la OEA, Alejandro Encinas, se distanció de esta resolución, argumentando que no considera que la situación en Nicaragua afecte la seguridad hemisférica. El gobierno mexicano ha afirmado que se opone a convertir cuestiones de derechos humanos en problemas de seguridad y ha rechazado la intervención externa, abogando por el diálogo y la cooperación como medios para abordar la crisis.

La resolución titula “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua” exige acciones específicas: la liberación de detenidos por motivos políticos, la restitución de derechos a quienes han perdido su nacionalidad, y la garantía de libertades cívicas y políticas. Incluye solicitudes para el restablecimiento de la separación de poderes y la implementación de garantías electorales.

Además, la resolución propone la formación de un Grupo Ministerial de Seguimiento, compuesto por diversos países, para dialogar con el gobierno nicaragüense y la oposición. Este grupo deberá ofrecer recomendaciones sobre acciones diplomáticas y jurídicas en un plazo de 60 días, buscando alternativas no coercitivas para abordar la situación.

El texto ha recibido el apoyo de naciones como Argentina, Colombia y Estados Unidos, en un contexto donde las instituciones democráticas nicaragüenses han sido socavadas y los procesos electorales previos han sido anulados. Esta dinámica desencadena una serie de interrogantes sobre el futuro de la gobernanza en Nicaragua y el papel de la comunidad internacional en la promoción de los derechos humanos y la democracia en la región.

El Gobierno de Estados Unidos ha denunciado que el régimen de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ha rechazado la designación de Natasha Franceschi como nueva embajadora. Este veto subraya la falta de apertura al diálogo por parte de las autoridades nicaragüenses y ha sido señalado en un encuentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se discutieron las crecientes tensiones en la nación centroamericana.

Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, afirmó que la decisión del gobierno nicaragüense refleja una falta de diplomacia y aleja aún más las posibilidades de una solución pacífica a la situación en el país. Franceschi fue ratificada por el Senado de Estados Unidos el 30 de septiembre y es la primera embajadora estadounidense que se designa en Nicaragua desde 2023.

La OEA convocó a los ministros de Exteriores de América para abordar esta crisis, aunque solo siete de los 34 Estados miembros participaron en el encuentro. Durante la reunión, Landau recordó que Nicaragua debería haber realizado elecciones este año, pero Ortega ha anunciado que no habrá más procesos electorales, un hecho que agrava la inestabilidad regional.

Landau también destacó que el régimen nicaragüense está facilitando la inmigración ilegal al colaborar con actores extrarregionales, posiblemente refiriéndose a China y Rusia. Según el subsecretario, estos países están proporcionando entrenamiento a la Policía nicaragüense y compartiendo inteligencia, lo que podría significar una creciente influencia externa en la política de Nicaragua y un desafío a la seguridad regional.

Nicaragua, bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha experimentado un notable retroceso en su democracia, marcado por la reciente decisión del Ejecutivo de renunciar a la celebración de elecciones y la exclusión de la oposición mediante una reforma electoral impulsada por la Asamblea Nacional. En una reunión extraordinaria en Washington, los 32 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por el deterioro de la democracia en el país centroamericano, enfatizando la necesidad de un diálogo inmediato con las autoridades para abordar la crisis política.

Los miembros de la OEA instaron a Nicaragua a cumplir con las obligaciones establecidas en la Carta Democrática Interamericana y a respetar los derechos humanos, a pesar de su decisión de abandonar la organización en noviembre de 2023. El comunicado final subrayó que la retirada no exime al gobierno nicaragüense de sus responsabilidades internacionales. Durante la sesión, el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, advirtió que la situación podría amenazar la paz y la seguridad regional, revelando la intención de Washington de seguir aplicando sanciones contra los líderes nicaragüenses y sus allegados.

La OEA ha resaltado la falta de un marco para la aplicación de sanciones colectivas, pero esto no impide que los Estados miembros continúen vigentes en sus advertencias. Además, se acordó establecer un grupo de negociación con un plazo de 60 días para presentar conclusiones sobre el estado del diálogo y la situación política en Nicaragua. Estas acciones ocurren en un contexto geopolítico complejo, donde las relaciones bilaterales en la región están en constante evolución, marcadas por un giro hacia la derecha en varios países y un enfoque proactivo de Estados Unidos en sus intereses hemisféricos.