El 19 de junio de 2026 se cumple el primer aniversario de la desaparición forzada del adolescente José Juan Arias Solís, conocido como «Juanito», de 14 años, en Valle de Santiago, un caso que destaca la impunidad institucional en Guanajuato. Seis meses después, su padre, José Juan Arias Corona, también desapareció en el mismo municipio, lo que agrava la situación de esta familia y refleja un problema estructural en la seguridad del estado.
El contexto que rodea el caso es alarmante. Aunque se han presentado dos denuncias penales federales y se han solicitado acciones urgentes a la Organización de las Naciones Unidas y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se ha logrado esclarecer el paradero de padre e hijo. Las circunstancias de su desaparición están vinculadas a un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como a la reacción de instancias judiciales que aún no ofrecen resultados.
Los hechos comenzaron el 19 de junio de 2025 en Rancho Unidos, Valle de Santiago, donde «Juanito» fue detenido y forzado a subirse a una camioneta oficial por agentes de dichas instituciones, según testigos. Su padre, quien intentó interceder, fue retenido y liberado horas después sin información sobre su hijo. Posteriormente, la SEDENA reconoció su participación en el operativo, pero no ha aclarado las identidades de los involucrados.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso, pero se han reportado pocos avances en la investigación. Representantes de organizaciones civiles han denunciado que la fiscalía se ha enfocado mayormente en investigar a grupos criminales, descuidando el papel de las fuerzas armadas en el caso. La situación se complica aún más con la desaparición del padre, quien buscaba a su hijo y también resultó víctima de la violencia en la región.
Recientemente, tres civiles fueron detenidos en relación a la desaparición del padre, pero activistas advierten que estas acciones no resuelven el problema subyacente de la impunidad. Existe además una línea de investigación sobre la posibilidad de que el menor haya sido reclutado por grupos criminales, aunque los colectivos insisten en que la falta de acción sobre la participación de agentes del Estado es preocupante.
En marzo de 2026, la CIDH emitió medidas cautelares para proteger a la familia de amenazas, reiterando la gravedad de la situación. Sin embargo, representantes de la familia han criticado la respuesta gubernamental como insuficiente y proporcionada solo por presión internacional. La complejidad de su situación se agrava con la falta de atención por parte de las autoridades en la capital.
A un año de las desapariciones, Marisela Solís, madre del adolescente, sigue exigiendo justicia sin obtener respuestas claras. La situación ha derivado en conflictos formales, como la expulsión de un activista durante una sesión virtual destinada al seguimiento de las medidas cautelares. Este tipo de obstrucciones contribuyen a la percepción de ineficacia del sistema judicial y administrativo en la atención de casos de desaparición forzada en Guanajuato. Las autoridades continúan enfrentando críticas por la falta de atención y por la burocracia que obstaculiza el avance en estas investigaciones.
