El reciente hackeo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no solo expone una falla técnica: revela una negligencia institucional que ya no se puede seguir ocultando debajo de discursos de “modernización” y “avance tecnológico”. El ataque no fue una sorpresa para quienes conocen el estado real de la infraestructura digital del gobierno; fue, más bien, la consecuencia lógica de años de desinterés, presupuestos mínimos y una visión obsoleta sobre la seguridad informática.

En pleno 2025, cuando la información vale más que muchos activos físicos, la Fiscalía opera con sistemas que no están a la altura de su propia responsabilidad. La ciberseguridad dejó de ser un lujo hace más de una década: es una obligación básica para cualquier institución que resguarda datos sensibles, carpetas de investigación, identidades de víctimas, agentes ministeriales y rutas operativas. Sin embargo, Guanajuato sigue apostando por la reacción, no por la prevención.

El hackeo exhibe algo más grave que la filtración: evidencia que la Fiscalía nunca asumió la dimensión estratégica de lo digital. La protección de datos se ha tratado como un trámite, no como un pilar de gobernanza. Mientras otros estados ya operan centros especializados, auditorías permanentes y simulaciones de ataques, en Guanajuato se sigue creyendo que instalar un antivirus es suficiente para enfrentar a grupos criminales cibernéticos con recursos, inteligencia y motivación.

El mensaje es claro: sin inversión, sin personal capacitado y sin una política seria de blindaje digital, esto volverá a ocurrir. Y cada nuevo ataque será más costoso, más profundo y más dañino.

La Fiscalía debe dejar de reaccionar solo cuando el desastre ya está hecho. La información que custodian es demasiado valiosa para seguir confiando en sistemas frágiles, licitaciones mal diseñadas o proveedores improvisados. La ciberseguridad es ya una obligación moral y operativa del Estado. No se trata de si los ataques volverán, sino de qué tan preparados estaremos cuando sucedan.

Guanajuato necesita despertar. La vulnerabilidad ya quedó exhibida. La pregunta ahora es si habrá voluntad para corregirla antes de que sea demasiado tarde.

Irapuato, Gto. — La revisión de la actividad legislativa del diputado local Abraham Soto Mayor, representante del Distrito 12, revela un desempeño de bajo impacto en la actual Legislatura, de acuerdo con los expedientes públicos del Congreso de Guanajuato y su historial de iniciativas.

El análisis realizado sobre el Sistema de Información Legislativa, la Gaceta Parlamentaria y los dictámenes disponibles muestra que, si bien el diputado ha presentado algunas propuestas, ninguna se ha traducido en reformas de alto alcance ni en políticas públicas con impacto directo para Irapuato.

Entre las iniciativas registradas se encuentran propuestas como la creación de una Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos, así como diversos puntos de acuerdo y participaciones dentro de comisiones legislativas. Estas aportaciones representan el uso formal de las facultades legislativas; sin embargo, su alcance ha sido limitado, su profundidad técnica variable y su efecto en la agenda estatal prácticamente nulo.

A pesar de estas iniciativas, no se identifican proyectos aprobados que hayan generado cambios significativos ni acciones legislativas que se reflejen en beneficios tangibles para el Distrito 12. La mayoría de sus propuestas permanecen sin dictamen, en trámite o sin camino claro hacia su implementación.

En materia de gestión, la revisión de los presupuestos estatales y municipales no muestra recursos etiquetados ni inversiones estratégicas vinculadas a su trabajo. No se observan obras, programas o apoyos de alto impacto que hayan sido gestionados directamente por el legislador para su distrito.

En el ámbito de comunicación, la presencia pública de Soto Mayor se ha caracterizado principalmente por posturas confrontativas y señalamientos políticos, con poca difusión de resultados concretos, actividades territoriales o avances legislativos. La ausencia de informes periódicos o una estrategia clara de rendición de cuentas limita la visibilidad de su desempeño ante la ciudadanía.

Con base en la información pública disponible, el paso de Abraham Soto Mayor por el Congreso se distingue por una productividad legislativa moderada, iniciativas sin consolidación, escasa gestión efectiva para Irapuato, y una comunicación centrada más en la confrontación que en la presentación de resultados.

En un momento crítico para los productores del Bajío, el diputado local de Morena, Abraham Ramos Sotomayor, quedó nuevamente en evidencia al intentar frenar un dictamen que exigía al Gobierno Federal liberar pagos atrasados del programa Precios de Garantía y corregir rezagos en el gasto agropecuario.

El dictamen, contenido en los expedientes ELD 123/LXVI-PPA y 126/LXVI-PPA, estaba dirigido exclusivamente a la Federación, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Su objetivo era presionar al Gobierno federal para que pagara lo que adeuda a los agricultores y ejerciera de manera oportuna los recursos asignados al campo.

A pesar de ello, Abraham Ramos presentó una reserva para modificar el dictamen, lo que en los hechos significaba debilitarlo o retrasarlo. La votación fue clara: solo él y una diputada más apoyaron la reserva, mientras que la mayoría de los legisladores la rechazó. El dictamen avanzó sin sus cambios, quedando asentado que el diputado de Morena fue uno de los pocos que no respaldaron la exigencia a la Federación.

El currículum del propio legislador confirma que es pasante de la carrera de Ingeniería Agrónoma, es decir, tiene la carrera trunca. No cuenta con título profesional ni experiencia ejecutiva previa en el servicio público, un elemento que no lo descalifica como persona, pero que sí adquiere relevancia cuando se trata de intervenir en asuntos técnicos y sensibles como los que afectan al sector agrícola.

La actuación de Ramos Sotomayor se inscribe en un contexto nacional donde Morena ha reducido apoyos federales, eliminado programas históricos y debilitado la estructura de financiamiento al campo. Durante los últimos años, el sector agrícola en México ha sufrido recortes presupuestales, atrasos en pagos, desaparición de fideicomisos y falta de certidumbre para productores, lo que ha generado una crisis profunda en diversas regiones del país. La votación del diputado local reproduce esta misma lógica: cuando se trata de apoyar al campo, Morena opta por el discurso, no por los hechos.

Mientras el Gobierno del Estado mantiene mesas de diálogo, acompañamiento técnico y presión institucional para que la Federación cumpla con sus responsabilidades, desde Morena se enviaron señales contrarias. En lugar de fortalecer el exhorto para que se pagara a los productores, Abraham Ramos intentó modificarlo, colocándose en la minoría que no acompañó a los agricultores.

El saldo es claro: Abraham Ramos Sotomayor, diputado local de Morena y con la carrera trunca, intentó frenar un dictamen que beneficiaba directamente al campo guanajuatense. Su reserva no prosperó, pero sí dejó expuesta una doble narrativa: hablar de apoyar al campo mientras se vota en sentido contrario.

En un momento donde el campo mexicano atraviesa una de las peores crisis en décadas, la actuación del diputado de Morena se suma al largo historial de decisiones que han dejado a los productores en el abandono.