Por Rosario Martínez de la Vega, periodista de investigación:
GUANAJUATO, Gto. — Bajo la bandera de la “defensa del trabajador” y la denuncia del “terror laboral”, la dirigencia de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) encabezada por José Martín Cano Martínez, sostiene un discurso de persecución administrativa en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG). El sindicato acusa que más de 282 actas administrativas levantadas desde septiembre de 2024 constituyen una “violencia jurídica” deliberada. Sin embargo, detrás de las estridentes protestas y los calificativos alarmistas, las evidencias numéricas y los registros de fiscalización sugieren una maniobra con trasfondo político más que un verdadero compromiso con los derechos laborales. 
La narrativa de la cúpula sindical intenta instalar la noción de un acoso sistemático. No obstante, al contrastar las afirmaciones gremiales con la contabilidad oficial y el comportamiento de las bajas institucionales, el argumento del “pánico administrativo” se desmorona. Lejos de registrar un incremento arbitrario de expedientes para castigar la disidencia o amedrentar a la base, los datos del ISAPEG muestran un descenso sostenido en la apertura de actas: 208 en 2024, 179 en 2025 y 129 en 2026 —un descenso del 14% que desarma el relato de la escalada represiva—. La exageración sindical omite deliberadamente la naturaleza de las rescisiones de contrato ejecutadas por el sector salud. De las bajas registradas por el instituto, únicamente 30 corresponden a rescisiones por causas graves como hostigamiento y acoso sexual o faltas éticas severas, conductas que la representación gremial ha preferido enmarcar bajo el manto de la «persecución» con tal de preservar cotos de impunidad y rentabilidad política ante su dirigencia. El filtro de la Secretaría de la Honestidad: denuncias infladas y sanciones mínimas El sesgo entre la retórica de la cúpula y la realidad jurídica se vuelve aún más explícito en el terreno de la fiscalización estatal. Las cifras obtenidas a través de la solicitud de información 111100500231326 de la Secretaría de la Honestidad —instancia encargada de evaluar y sustanciar las faltas administrativas en la función pública— exponen una marcada brecha entre el volumen de señalamientos mediáticos y la sustentación formal de las quejas. En el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y julio de 2026, la Secretaría de la Honestidad procesó un alto flujo de denuncias a nivel general, la inmensa mayoría de las cuales fueron desechadas o archivadas por falta de elementos probatorios:
En el caso específico de la Secretaría de Salud e ISAPEG, el panorama es todavía más contundente: en casi dos años, únicamente se formalizaron 17 quejas ante el órgano de control (2 en 2024, 13 en 2025 y 2 en 2026), de las cuales solo 4 derivaron en una sanción firme. La diferencia entre la retórica del «terrorismo patronal» impulsada por la cúpula del SNTSA y las 4 sanciones acreditadas revela un uso político de la denuncia pública, diseñado para presionar a la autoridad y negociar prebendas antes que para litigar violaciones reales a la ley laboral. El costo de las bajas y el cálculo político Por otra parte, los datos de la Unidad de Transparencia (UTAPE) reportan que el ISAPEG acumuló 1,357 bajas laborales en el mismo periodo de análisis (septiembre de 2024 a julio de 2026). De este universo, 129 correspondieron a rescisiones de contrato. Si bien la liquidación y término de relaciones laborales representa un costo significativo para el erario estatal, la lectura que el sindicato hace de este fenómeno pasa por alto que la rotación y el término de contratos temporales o justificables forman parte de la dinámica operativa de un sistema de salud con miles de empleados. Convertir cada baja justificada o cada procedimiento sancionador contra el acoso en una bandera de «injusticia» responde a una estrategia de desgaste político. Al sobredimensionar las cifras y tildar de “violencia jurídica” la aplicación de controles administrativos previstos en la ley, la dirigencia de la Sección 37 del SNTSA instrumentaliza el malestar laboral de la base para posicionarse en la coyuntura política regional. La evidencia documental contrapone el discurso del pánico con la realidad de las cifras: un volumen marginal de sanciones sustanciales, una disminución en la emisión de actas y el encubrimiento de faltas graves bajo el pretexto de la persecución sindical.
