León.- Una posible filtración de una base de datos que pertenece a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), con más de 95 mil registros de trabajadores, ha sido divulgada en redes sociales. Este evento fue reportado desde la noche del sábado, coincidiendo con la caída del sitio web de la SEG durante el domingo.

Las autoridades aún no han confirmado si hay una relación entre la filtración y el fallo del sitio. Este medio intentó acceder a la página de la SEG, la cual no estuvo disponible hasta la tarde. La dependencia también ha reconocido el incidente, aunque al cierre de la información no había emitido un comunicado oficial sobre las posibles causas.

Un usuario en la plataforma X, conocido como @victor_ruiz, publicó una advertencia sobre la filtración de datos el sábado. Según su post, la base de datos contenía información sensible de 95,214 empleados en formato CSV, incluyendo RFC, CURP, nombre, apellidos, dirección, correo electrónico y otros datos personales.

Este tipo de exposición de datos podría dar lugar a ataques de phishing y fraude. El usuario exhortó a las autoridades competentes a investigar con la urgencia necesaria y proteger a los posibles afectados.

Este medio consultó el sábado a la Secretaría de Educación sobre la veracidad de la filtración. Personal de la dependencia comunicó que se estaban llevando a cabo trabajos técnicos para esclarecer la situación. Por la mañana del domingo, se solicitó nuevamente información a la SEG, y el área de Comunicación Social indicó que compartiría detalles tan pronto como estuvieran disponibles.

El estado ha enfrentado otros ciberataques significativos en el pasado. La Fiscalía General del Estado reportó un ataque en noviembre de 2025, donde se afirmaba que un grupo de hackers había robado 250 GB de datos, incluidos expedientes judiciales. Aunque la Fiscalía inicialmente negó el hecho, usuarios alertaron sobre interrupciones en trámites y notificaciones.

Además, en febrero de 2026, se informó un segundo ataque en el que se filtraron 336 mil expedientes relacionados con violencia contra las mujeres. En abril de 2026, se reportó un ataque a la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, donde datos personales de unos 6 mil elementos fueron extraídos.

En León, el sistema de emergencias sufrió un robo de datos en junio, y un mes después, el Sistema de Atención Ciudadana también fue atacado, afectando servicios en línea para ciudadanos. Se investigaron estos incidentes bajo diversos casos en la Fiscalía.

Recientemente, también se registró una filtración de información asociada a la empresa Seguritech, en la cual se publicó una base de datos junto a documentos relacionados con kits de seguridad para el Gobierno municipal.

Un accidente ocurrido en la carretera federal San Luis Potosí-Querétaro, a la altura de San José de Iturbide, involucró a dos tractocamiones, resultando en el incendio de uno de ellos y dejando a un hombre lesionado. Este individuo fue trasladado a un hospital para su atención médica.

El incidente ocasionó el cierre temporal de la carretera para facilitar el control del incendio por parte de los cuerpos de emergencia. Las autoridades fueron alertadas a las 9 de la mañana del percance, que tuvo lugar en el kilómetro 57, en la comunidad de La Alameda.

Al llegar al lugar, se constató que un tráiler había impactado contra un poste y se encontraba en llamas. Los bomberos intervinieron de inmediato para apagar el fuego, lo que demanda esfuerzos coordinados y la interrupción de la circulación vehicular.

Investigaciones preliminares sugieren que antes del accidente, el tráiler afectado había tenido un percance con otro camión que se dio a la fuga. Tras el impacto, el vehículo se salió de la vía y colisionó con el poste, provocando el incendio. Después de que se extinguieron las llamas, la carretera fue reabierta parcialmente, para luego restablecer completamente la circulación más tarde.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó en la Jornada Nacional de Reforestación en la comunidad de Trojes de Aguirre, municipio de San Felipe, donde se sembraron 2,000 árboles de pino piñonero y chapulixtle. Esta actividad forma parte de un esfuerzo estatal más amplio, que busca integrar a Guanajuato en iniciativas ambientales a nivel nacional.

En total, el gobierno estatal llevará a cabo la siembra de 4,580 plantas en siete polígonos, abarcando 265 hectáreas. La gobernadora destacó que cada árbol representa un compromiso con la restauración del medio ambiente y con las futuras generaciones. Indicó que la siembra se centra en especies resistentes que requieren poco agua y son adecuadas para suelos degradados.

La meta nacional es sembrar 6.6 millones de árboles con el apoyo de más de 235,000 personas, mediante diversas técnicas de reforestación. Dentro del estado, se están implementando programas para fortalecer ecosistemas forestales, con la siembra de 150,000 plantas nativas en 240 hectáreas. Estas iniciativas no solo buscan restaurar áreas naturales, sino también fomentar el empleo temporal en comunidades rurales.

Guanajuato cuenta con un convenio con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) que contempla una inversión de 116 millones de pesos, destinados a la restauración de zonas críticas como el Bosque de Agua y el río Laja, así como la conservación de más de 19,000 hectáreas.

Estas acciones están alineadas con un compromiso por proteger las zonas de recarga acuífera y conservar la biodiversidad local. Durante el evento, la gobernadora participó en un enlace en vivo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del lanzamiento oficial de la jornada a nivel nacional, donde también estuvieron presentes los gobernadores de todos los estados del país.

Representantes de centros de tratamiento y rehabilitación de Guanajuato se reunieron en Silao en el primer Encuentro Estatal de Vinculación Interinstitucional para la Prevención y Recuperación, organizado por la Secretaría de Seguridad y Paz y su Subsecretaría de Prevención. Este evento busca mejorar la atención a personas que enfrentan problemas de adicciones y fortalecer el apoyo a quienes los acompañan en su proceso de recuperación.

La subsecretaria de Prevención, Elia Bárbara Lugo Delgado, indicó que esta reunión es un primer paso para crear redes de apoyo y ampliar las oportunidades de recuperarse y reintegrarse a la comunidad. Durante el encuentro, se presentaron programas y mecanismos de colaboración en áreas como salud mental, atención de adicciones y protección civil.

Participaron enlaces municipales de prevención, así como representantes de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, grupos de ayuda mutua y asociaciones civiles. Los asistentes intercambiaron experiencias y establecieron conexiones con las instituciones disponibles para apoyar su labor.

Celia Lara, representante de un centro de rehabilitación de León, destacó la importancia de la colaboración con las autoridades, indicando que este tipo de vínculos facilita el crecimiento y la profesionalización de sus servicios. El Gobierno del Estado busca a través de estas iniciativas fortalecer la prevención social y mejorar las condiciones de quienes enfrentan problemas de adicción en Guanajuato.

Guanajuato reporta un total de 12,289 casos de obesidad entre enero y el 25 de julio de 2023, posicionándose en el undécimo lugar a nivel nacional en prevalencia de esta condición. La Ciudad de México lidera la lista con 54,163 casos, seguida de Jalisco con 44,963, el Estado de México con 38,206 y Baja California con 36,989.

Los datos provienen del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal. En Guanajuato, la obesidad y el sobrepeso afectan a siete de cada diez adultos mayores de 20 años, cifra que refleja tendencias similares a las observadas a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

La obesidad se clasifica como una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal. Este fenómeno se ha convertido en un problema de salud pública en México, relacionado principalmente con el consumo de alimentos ultraprocesados y la inactividad física.

La población, influenciada por factores económicos y la falta de tiempo para exercitarse, recurre a alternativas que requieren menos esfuerzo para controlar el peso, como medicamentos y suplementos alimenticios. En una visita a diversas farmacias, se constató que se están vendiendo medicamentos para el control de peso, incluyendo Orlistat y Redustat, que se venden sin receta. El costo de Orlistat es de 628 pesos por una caja de 84 pastillas, mientras que Redustat cuesta 226 pesos por 21 pastillas.

Ante esta situación, la SSG aconseja a las personas interesadas en perder peso que consulten a un profesional de la salud en lugar de automedicarse. El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario en la Jurisdicción Sanitaria 7, Andrés Galván Álvarez, enfatizó que es esencial evitar productos engañosos que prometen resultados poco realistas.

La Coordinación de Regulación y Fomento Sanitario está llevando a cabo visitas de verificación a farmacias para asegurar el cumplimiento de las normativas en la venta de medicamentos para el control de peso. Es obligatorio para las farmacias contar con una licencia sanitaria para expedir estos productos.

Hasta ahora, se han realizado 181 verificaciones en farmacias de León, donde se han asegurado 1,870 piezas de medicamentos y dispositivos médicos que no cumplían con la normativa. Según la SSG, actualmente existen 359 farmacias con licencia sanitaria vigente en la Jurisdicción Sanitaria 7 de León.

La Secretaría de Salud de Guanajuato refuerza sus acciones de vigilancia sanitaria para garantizar que los establecimientos respeten la normatividad y prevenir riesgos a la salud.

Dos ex trabajadores de la Secretaría de Salud de Guanajuato han denunciado casos de acoso laboral y sexual dentro de la dependencia, lo que llevó a su despido en octubre de 2024 tras más de diez años de servicio. A pesar de haber presentado quejas ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ninguna de estas instancias ha emitido una resolución efectiva.

Los ex empleados, quienes han iniciado un juicio laboral por despido, han reportado que tras sus denuncias, uno de ellos, Daniel Cortez Rayas, recibió amenazas de muerte de un exfuncionario de la Secretaría de Salud. En respuesta, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía el 27 de marzo de 2025. Sin embargo, al no observar avances, buscaron asesoría legal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato.

Frustrados por la falta de respuesta de las autoridades estatales, ambos individuos llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio, donde actualmente está siendo evaluado. A casi dos años de su despido, todavía no se ha logrado justicia.

La Fiscalía ha identificado al excoordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud como el autor de las amenazas. Los denunciantes han expresado su descontento con la atención que han recibido, alegando que las instancias correspondientes no han brindado la asesoría necesaria ni un seguimiento adecuado a sus casos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha abierto el expediente 1784/2024, pero su investigación continúa sin resolución.

El exfuncionario advirtieron que sus esfuerzos por obtener justicia han sido sistemáticamente minimizados por las autoridades locales, lo que constituye un patrón de violencia institucional. Ante la inacción de las instituciones de justicia en Guanajuato, los denunciantes se han comprometido a que su caso sirva como un precedente para futuras víctimas de violencia en el ámbito laboral.

La Secretaría de Salud ha señalado que, debido a la condición del caso, no puede emitir comentarios adicionales. La investigación ante la Procuraduría y el proceso laboral siguen en marcha, y las autoridades han indicado que están trabajando en brindar el apoyo legal necesario a los ex trabajadores.