En Purísima del Rincón, Guanajuato, el Ayuntamiento debatió la situación de presuntas agresiones sexuales hacia personas detenidas en el área de Árbitros Calificadores. Los regidores expresaron la necesidad de separar al funcionario señalado y cuestionaron la actuación de la coordinadora del área, Cinthia Yuriko Zuckerman Gallardo, frente a las acusaciones expuestas en redes sociales y que ahora están bajo revisión en instancias municipales.
Durante la sesión, el regidor del PVEM, Héctor Pérez Guzmán, subrayó que las denuncias han trascendido el ámbito virtual y demandó un abordaje más contundente. Recordó la existencia de un video relacionado con los hechos y lamentó que el personal señalado permanezca en funciones. Reiteró que su intención no es establecer culpabilidad, sino implementar medidas preventivas para evitar nuevas agresiones. Pérez Guzmán también criticó la falta de acción de la coordinadora, quien según él, tenía conocimiento del caso y no había reportado a la Fiscalía.
La regidora de Morena, Mónica López Hernández, respaldó la necesidad de atender las denuncias y enfatizó que no deben ser minimizadas. Apuntó que cualquier revisión del caso debe tomar en cuenta la confianza depositada en los funcionarios designados por el alcalde, Roberto García Urbano, quien fue cuestionado sobre si se procederá con acciones inmediatas.
La síndica, Claudia Lorena Arriaga Bermúdez, recordó que el asunto ha sido examinado en las Comisiones de Seguridad Pública y de Contraloría, aunque advirtió que algunos detalles no pueden ser divulgados para salvaguardar la investigación. El regidor del PAN, David Ortiz Trillo, también intervino, sugiriendo que se requiere una investigación completa y que los presuntos responsables deben ser separados del cargo mientras se esclarecen los hechos.
Verónica Ivette Gómez Becerra, secretaria del Ayuntamiento, indicó que la coordinadora activó protocolos institucionales y que el Instituto Municipal de las Mujeres está trabajando con la posible persona agraviada. Confirmó que el video mencionado fue resguardado como evidencia y que se está dando seguimiento a los hechos a través de canales oficiales.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Marcela Chávez, afirmó que se han realizado sesiones privadas para proteger los derechos de las posibles víctimas y que Contraloría tiene conocimiento del caso. En el debate, algunos regidores hicieron un llamado a las posibles víctimas a que denuncien formalmente, resaltando que las acusaciones son serias y requieren atención adecuada.
A pesar de la discusión, no se llegó a un acuerdo sobre la separación inmediata de los funcionarios involucrados, destacando las divisiones entre los regidores sobre la necesidad de adoptar medidas de confianza y el respeto a los procedimientos de investigación.