El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la eliminación de restricciones sobre los hidrofluorocarbonos (HFC), gases de efecto invernadero empleados en refrigeradores y sistemas de aire acondicionado. Este cambio implica un ajuste notable en las regulaciones ambientales de la administración anterior, liderada por Joe Biden.

Trump calificó las normativas vigentes como «ridículas» y afirmó que su derogación se traducirá en una reducción de costos para los consumidores. En este contexto, el suministro restringido de petróleo debido a las tensiones con Irán ha elevado los precios, afectando la economía estadounidense y, potencialmente, la percepción pública de su gobierno.

En una declaración desde la Oficina Oval, el presidente manifestó que ha puesto fin a «las ridículas regulaciones» de Biden, sosteniendo que estas eran innecesarias y perjudicaban al sector. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha comunicado que se ampliarán los plazos para que las empresas eliminen gradualmente el uso de HFC.

Trump aseguró que no se anticipan «impactos negativos» para el medio ambiente tras esta modificación y añadió que se prevé que esta política genere ahorros significativos para los estadounidenses, estimados en hasta 2,4 mil millones de dólares. La medida marca un cambio en la dirección de las políticas climáticas estadounidenses, lo que puede influir en las relaciones bilaterales con otros países comprometidos con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el cumplimiento del Acuerdo de París.

La Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha llevado a cabo el arresto de Adys Lastres Morera, ciudadana cubana y hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), un conglomerado militar que ejerce un control significativo sobre la economía de Cuba. La agencia estadounidense le ha revocado su estatus de residencia permanente bajo la acusación de colaborar con el régimen cubano y representar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Según declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, Lastres Morera estaba administrando activos inmobiliarios en Florida mientras, presuntamente, facilitaba recursos al gobierno comunista de La Habana. Rubios enfatizó que tal colaboración no será tolerada, afirmando que ningún individuo que infrinja la seguridad nacional podrá residir en Estados Unidos sin consecuencias.

Las implicaciones de este arresto reflejan un endurecimiento en las políticas migratorias y de seguridad nacional por parte de la administración estadounidense hacia individuos asociados con el régimen cubano. La comunidad internacional estará atenta a las reacciones del gobierno cubano ante este desarrollo y a cómo podría afectar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba.

La ciudad de Nueva York ha recuperado más de 9 millones de dólares de Amazon, correspondiente a multas por violaciones a una ley que prohíbe dejar los vehículos con el motor encendido por más de tres minutos. Esta situación ha generado preocupación debido a la contaminación del aire en la metrópoli.

El alcalde Zohran Mamdani destacó que, a pesar del valor de Amazon en el mercado, la compañía no había cumplido con sus obligaciones financieras. Además, enfatizó la importancia de las leyes que buscan garantizar un aire más limpio y comunidades más saludables.

A inicios de este año, el Departamento de Finanzas implementó una iniciativa para recuperar las multas acumuladas por los vehículos que operan bajo Amazon Logistics, los cuales son manejados por transportistas subcontratados. La subcomisionada del Departamento de Finanzas, Annette Hill, lideró un equipo que colaboró con la empresa para asegurar el cumplimiento normativo.

Las leyes municipales que prohíben dejar los motores encendidos tienen el objetivo de mitigar la contaminación y mejorar la salud pública. Los ciudadanos pueden reportar infracciones de forma anónima a través del número 311, acciones en línea o mediante el Programa de Quejas Ciudadanas sobre la Calidad del Aire, que ha visto un notable incremento en las denuncias desde su creación en 2009. Este año, se han registrado más de 62 mil quejas, lo que apunta a un récord histórico.

Costa Rica, 2 de febrero de 2026.- La futura mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, anticipa que durante su gestión, que comenzará el 8 de mayo, dará prioridad a la recuperación de la seguridad y la cooperación con Estados Unidos y El Salvador para enfrentar el crimen organizado y vigorizar la economía. Entre las metas centrales de su administración, Fernández señala la transformación del sistema penitenciario y la erradicación de la impunidad, iniciativas para las que busca respaldo internacional, en particular de estos dos países.

El modelo de “megacárcel” previsto para 5,000 presos, inspirado en la estrategia del presidente salvadoreño Nayib Bukele, representa una de las apuestas más ambiciosas en materia carcelaria. Este proyecto se lanzó en enero con la presencia de Bukele y el presidente en funciones Rodrigo Chaves, y, según Fernández, se prevé su finalización hacia mediados de este año.

La futura mandataria destaca la colaboración técnica y política de El Salvador y añade que Costa Rica puede aportar, a su vez, en esferas como desarrollo social y gestión pública. La presidenta electa expresó su reconocimiento al avance salvadoreño, afirmando que “recuperó su sociedad después de estar sumida en una crisis sin precedentes”, declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Bukele también ha mostrado cercanía con el gobierno costarricense dirigido por Chaves. De hecho, el mandatario fue de los primeros en externar su felicitación a Fernández mediante una llamada telefónica y lo hizo público a través de su cuenta en la red social X. En sus palabras: “Acabo de felicitar vía telefónica a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”.

Lazos con Estados Unidos

La relación con Estados Unidos se mantendrá, según Fernández, en la línea de lo realizado por el actual gobierno. Asegura que proseguirá la colaboración en vigilancia oceánica, dotación de equipos policiales y asistencia técnica en seguridad, elementos clave en la lucha contra el narcotráfico.

Fernández calificó a Estados Unidos como “aliado confiable” y recordó que el país norteamericano es el mayor socio comercial de Costa Rica. Durante su comparecencia, subrayó: “La recuperación de la seguridad será prioridad” y reiteró que espera apoyo de naciones amigas como Estados Unidos y El Salvador.

La gestión actual de Rodrigo Chaves, según detalla la presidenta electa, tomó la determinación de excluir empresas chinas, incluidas Huawei, de licitaciones para redes de telecomunicaciones 5G, aduciendo preocupaciones por las políticas de protección de datos del gobierno chino. Esta acción generó reclamos tanto de la empresa como de la embajada de China, país con el que Costa Rica sostiene lazos diplomáticos desde 2007.

Sobre China, Fernández enfatizó la presencia de una nutrida comunidad china en Costa Rica, a la que considera “parte de nuestra cultura”, aunque advirtió que desplegará “una lucha sin cuartel contra la corrupción” para impedir operaciones ilícitas de empresas, “chinas o del país que sean”.

Al ser consultada sobre su política exterior más amplia, la politóloga de 39 años manifestó que será “respetuosa de la soberanía de los pueblos” e impulsará el fortalecimiento democrático a nivel continental y global. Añadió: “Mantendré relaciones diplomáticas en beneficio del pueblo de Costa Rica con todos los países del mundo velando por el interés de los ticos (costarricenses)”, tal como recoge EFE.

Estados Unidos, 29 de enero de 2026.- Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación a raíz de la presión de Washington sobre la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero.

La preocupación ha escalado en las últimas semanas en sedes diplomáticas y empresariales extranjeras ante la creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe y la posibilidad de que Estados Unidos pudiese estar preparando incluso una intervención militar en Cuba, según confirmaron a la agencia EFE cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos que prefieren mantener el anonimato.

El caso más destacado en el sector privado es el de la multinacional británica Unilever, que ha evacuado ya a las familias de sus trabajadores extranjeros en el país, según confirmaron a EFE dos fuentes cercanas a la compañía, que fabrica en la isla productos de higiene, belleza y limpieza.

La decisión de la empresa refleja el nivel de alarma que existe entre las corporaciones internacionales con operaciones en territorio cubano, donde la combinación de amenazas geopolíticas y el colapso económico genera un escenario sin precedentes en décadas.

“Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios”, aseguró a EFE una diplomática en La Habana que prefiere no dar su nombre debido a la sensibilidad del tema.

Las legaciones diplomáticas están actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes en Cuba, en ocasiones llamando uno a uno a sus ciudadanos para verificar los datos. Algunas embajadas se están abasteciendo para poder soportar largos períodos sin corriente eléctrica, combustibles y agua, eventualidades que entienden se pueden producir por la combinación del actual contexto de crisis total en la isla y la creciente presión estadounidense.

Entre el sector privado, varias filiales de empresas internacionales contactadas por EFE reconocen, en privado, que la incertidumbre geopolítica les ha llevado a replantear con sus casas matrices la actividad en Cuba. Los dos motivos que alegan son una potencial intervención militar estadounidense, por quirúrgica que pueda ser, y el impacto sobre su actividad del grave deterioro económico del país, especialmente con el aumento de los apagones y la crítica escasez de combustibles.

Algunas firmas internacionales aseguran contar con una reserva de carburantes para sus operaciones manufactureras, pero advierten que si se cortan definitivamente los envíos desde Venezuela y México mantener la producción será insostenible.

Todo esto se da en un contexto en el que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a los bienes importados desde países que vendan o suministren petróleo al régimen de Cuba. El objetivo es proteger los intereses estratégicos de Washington frente a lo que el presidente norteamericano considera “acciones malignas” de La Habana en el plano internacional.

Reservas de petróleo para apenas 15 días

La crisis energética que atraviesa la dictadura cubana ha alcanzado niveles críticos. Según datos de la consultora Kpler publicados por Financial Times, Cuba cuenta con reservas de petróleo suficientes para apenas 15 o 20 días. En lo que va de 2026, la isla solo ha recibido 84.900 barriles de petróleo debido a una única entrega mexicana realizada el 9 de enero, lo que representa poco más de 3.000 barriles diarios, una cifra muy inferior al promedio de 37.000 barriles diarios aportados por todos los proveedores en 2025.

Según datos de la consultora Kpler publicados por Financial Times, Cuba cuenta con reservas de petróleo suficientes para apenas 15 o 20 días

La analista de Kpler Victoria Grabenwöger explicó a Financial Times que la suma de este cargamento a los 460.000 barriles disponibles en inventario a inicios de año permitiría cubrir solamente entre 15 y 20 días de consumo.

El desencadenante inmediato de la crisis radica en el endurecimiento de la presión estadounidense sobre los proveedores regionales. Estados Unidos ha lanzado varias advertencias directas a Cuba desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero y ha forzado el cierre del suministro de petróleo venezolano a La Habana, cuando Caracas había sido hasta ahora su principal proveedor.

El último cargamento de petróleo venezolano, vital para la generación eléctrica, se recibió en noviembre, según Kpler. México, que en 2024 se consolidó como principal proveedor de la isla, suspendió envíos tras las crecientes amenazas de Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la decisión sobre los despachos de crudo corresponde a México y definió las entregas como una “decisión soberana”, aunque reconoció que parte de los envíos obedecen a contratos con Petróleos Mexicanos y a ayuda humanitaria.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró esta misma semana que, tras el cerrojazo energético, Cuba estaba «a punto de caer», reincidiendo en su tesis del fracaso económico de la isla. El republicano ya ha ido más allá al apuntar que lo único que quedaba por hacer en Cuba era “entrar y destruir el lugar”.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, dijo tras la captura de Maduro: “Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco”. El propio subsecretario de Estado Christopher Landau aseguró este miércoles que Washington desearía que este mismo 2026 los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales”, en una clara referencia a un cambio político en la isla.

Los analistas energéticos consultados por Financial Times coinciden en lo delicado del escenario. Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, advirtió que Cuba tiene “una crisis importante en sus manos si no llegan más cargamentos en las próximas semanas”.

Gonzalo Monroy, consultor energético en Ciudad de México, alertó que “si ahora solo le queda México y México no puede exportar, Cuba tiene un problema enorme”. Nicholas Watson, de la consultora Teneo, consideró que la crisis económica amenaza la viabilidad misma del régimen cubano. Ricardo Pascoe Pierce, ex embajador de México en Cuba, advirtió sobre el riesgo de una “provocación militar” si Estados Unidos decide incautar crudo mexicano con destino a la isla.

Tegucigalpa, Honduras. 27 de enero de 2026.- La próxima administración encabezada por Nasry “Tito” Asfura en Honduras se prepara para implementar una ambiciosa reducción del aparato estatal. La eliminación de 38 instituciones públicas y una estricta política de austeridad definen un giro estructural cuyo propósito es optimizar el gasto y generar ahorros sustanciales.

Parte del ahorro proyectado, calculado en 15 mil millones de lempiras, se destinará al pago de los compromisos laborales pendientes del Estado, según informó la designada presidencial electa María Antonieta Mejía durante una entrevista televisiva citada por medios locales.

En el tramo inmediato previo a su investidura, Asfura ha apostado por la contención del gasto incluso en el acto de su asunción, que se celebrará en el Congreso Nacional y no en el Estadio Nacional, como era tradición en gobiernos anteriores.

Según Mejía, la ceremonia tendrá carácter de “evento simbólico”, sin la presencia de mandatarios extranjeros y con una representación internacional compuesta principalmente por embajadores y delegados de organismos.

Este enfoque busca enviar una señal de institucionalidad y sobriedad, enfatizando la coherencia entre el discurso de austeridad y sus primeras decisiones administrativas.

De acuerdo con los detalles proporcionados por Mejía, el recorte reducirá el número total de instituciones estatales de 113 a 74. La justificación central de la reforma radica en la existencia de duplicidad de funciones, estructuras sobredimensionadas y gasto corriente excesivo en buena parte de las entidades afectadas.

La futura funcionaria aclaró que la eliminación de organismos no conllevará la supresión de funciones esenciales, sino su integración a otras dependencias ya operativas. Para Mejía, “el Estado no es un ente empleador, es un generador de condiciones para atraer inversión. La inversión, tanto nacional como extranjera, es la que debe producir los empleos”.

La visión del nuevo gobierno apunta a reorientar el papel estatal: busca propiciar un entorno favorable a la inversión privada mediante reglas claras, estabilidad institucional y una administración más ágil. Mejía considera que el recorte y la simplificación de la estructura pública son condiciones necesarias para atraer capitales y avanzar hacia un crecimiento económico sostenible.

El anuncio generó preocupación entre empleados estatales y sindicatos, quienes temen el impacto laboral de la medida. Frente a estas inquietudes, el equipo de transición remarcó que el proceso será ordenado y que se cumplirá estrictamente con los derechos adquiridos.

Mejía señaló que el ahorro derivado de la reforma contribuirá a mejorar la sostenibilidad fiscal del Estado, afectado por restricciones presupuestarias y elevados niveles de endeudamiento.

En el ámbito internacional, Asfura realizó recientemente su primera gira como presidente electo, visitando Estados Unidos e Israel para buscar alianzas en materia de inversión, tecnología y comercio, sectores como infraestructura, energía, agroindustria y manufactura fueron presentados como prioritarios para la inserción de Honduras en nuevas cadenas productivas. Promocionar al país como destino de inversión se plantea como eje del nuevo ciclo de gobierno.

Analistas citados por la prensa hondureña señalan que la reducción del aparato estatal podría facilitar la modernización de la gestión pública, aunque advierten que el éxito dependerá de la transparencia, una planificación adecuada y mecanismos rigurosos de control para evitar la concentración de funciones y la pérdida de capacidades institucionales.

Queda pendiente la publicación del listado completo de las 38 instituciones que desaparecerán, dato que se prevé será confirmado tras la instalación oficial del nuevo gobierno, junto con los decretos ejecutivos iniciales.

El desafío, según voces expertas, reside en conciliar la austeridad fiscal con la atención a sectores sociales que dependen de los servicios públicos en áreas como salud, educación y desarrollo social.

Guatemala, 18 de enero de 2026.- El Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días en respuesta a una escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales, en un contexto donde la administración sostiene que está recuperando el control de instituciones capturadas y restituyendo la justicia nacional.

Esta decisión, según el Ejecutivo, no alterará la vida cotidiana ni los procesos institucionales, aunque sí marca un endurecimiento legal significativo para frenar intentos de desestabilización.

Desde el inicio de este régimen excepcional, la administración ha insistido en que “no negociamos con criminales, en el marco de la ley y la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas”, tras recientes operativos en los que logró liberar a todos los rehenes de centros penitenciarios sin víctimas fatales. El Ejecutivo llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en la legalidad, remarcando: “Juntos somos más fuertes, juntos los estamos poniendo de rodillas”.

Como medida de duelo por los fallecimientos de agentes policiales, el Gobierno declaró tres días de luto nacional con el pabellón del Palacio Nacional ondeando a media asta. El Ejecutivo resaltó la dimensión humana de estos hechos con la frase: “Hoy habrá familias que quedarán marcadas”, y reafirmó la prioridad estatal de proteger la seguridad pública ante intentos de intimidación.

Según la legislación guatemalteca, el estado de sitio se activa ante actividades consideradas terroristas, sediciosas, de rebelión, asesinatos, secuestros o ataques armados calificables como guerra civil, situaciones en las que se amenaza el orden constitucional o la seguridad estatal. La norma establece que el presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución directa en el ministro de la Defensa Nacional.

Durante el estado de sitio, todas las entidades estatales deben colaborar con la autoridad militar.

Las fuerzas armadas reciben facultades extraordinarias para intervenir y disolver organizaciones, aun sin personería jurídica, y detener a personas sospechosas de conspiración o alteración del orden sin orden judicial previa. Además, se autoriza el uso de medios “preventivos, defensivos u ofensivos” para restaurar la normalidad cuando existan amenazas al orden legal.

El Gobierno subrayó que los recientes actos de violencia responden a la pérdida de privilegios de los grupos delictivos afectados por las últimas reformas en materia de seguridad y al avance estatal sobre estructuras criminales enquistadas.

Recalcó que la estrategia actual está mostrando resultados, reiterando que la aplicación del estado de sitio no suspende la vida institucional ni interrumpe las actividades diarias del país.

Fin de semana violento

Las cárceles de Guatemala registraron disturbios y motines en distintas regiones este fin de semana, mientras que grupos delictivos a su vez perpetraron asesinatos contra agentes de la Policía Nacional Civil.

La situación ha generado alarma entre la ciudadanía y ha puesto bajo presión a las autoridades estatales, obligando a reforzar la presencia policial y militar en los centros penitenciarios más conflictivos.

Intervenciones en recintos penitenciarios permitieron rescatar a más de 40 rehenes, realizar aseguramientos de armas e iniciar traslados médicos, con participación de equipos de rescate que apoyan a personas liberadas durante los operativos.

Los hechos incluso hicieron que la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitiera una alerta de emergencia para sus ciudadanos residentes en Guatemala.

Además se suspendieron clases a nivel nacional, se redujo el sistema de transporte, se cancelaron actividades recreativas y la iglesia católica también canceló misas, entre otras medidas.

Al cierre de esta nota ya se reportaban ocho agentes de la Policía muertos y más de diez heridos, entre otros hechos de violencia que han puesto en vilo al país centroamericano.

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque aéreo en el noroeste de Siria, que resultó en la muerte de Bilal Hasan al-Jasim, identificado como un jefe terrorista vinculado a Al Qaeda y directamente asociado a la emboscada del 13 de diciembre, donde murieron dos militares estadounidenses y un intérprete civil.

Esta ofensiva forma parte de una serie de operaciones de represalia dirigidas a desmantelar las capacidades operativas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y responde a la estrategia de Washington de neutralizar cualquier amenaza inmediata contra su personal desplegado en la región.

Según el perfil divulgado, Bilal Hasan al-Jasim figuraba entre los principales planificadores de la violencia extremista en la zona. Autoridades estadounidenses lo señalan como el responsable directo del atentado perpetrado en Palmyra, donde un combatiente del Estado Islámico sorprendió a fuerzas mixtas de Estados Unidos y Siria.

“La muerte de un operativo terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación en ir detrás de los terroristas que atacan a nuestras fuerzas”, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central. Y agregó: “No hay lugar seguro para aquellos que realizan, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos”.

El atentado del 13 de diciembre en provocó la muerte del sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y el intérprete civil Ayad Mansoor Sakat. La acción fue ejecutada mediante una emboscada dirigida al convoy militar.

El objetivo central de la reciente operación aérea consistió en debilitar la infraestructura del Estado Islámico y evitar la planificación de nuevos atentados contra fuerzas estadounidenses y sus aliados. Con la eliminación de Jasim, Estados Unidos reitera su decisión de impedir que los grupos terroristas reorganicen sus capacidades ofensivas.

La operación militar, denominada Hawkeye Strike, representó un esfuerzo conjunto en el que participaron Estados Unidos, Jordania y Siria, focalizándose en más de cien objetivos de infraestructura y arsenales del Estado Islámico desde el inicio de la escalada. Esta acción combinó ataques coordinados y labores de inteligencia, ampliando el impacto sobre la red de mando y suministro de los yihadistas.

El último bombardeo contra posiciones terroristas había sido el sábado pasado, también en territorio sirio.

La cooperación internacional resultó fundamental tanto para los avances en Siria como para otras acciones recientes. Como ejemplo de la amplitud de esta campaña, se llevaron a cabo operaciones similares en Nigeria contra enclaves del Estado Islámico, en una continuación de la política exterior estadounidense orientada al combate del terrorismo internacional.

Desde Washington, el mensaje oficial fue enfático: cualquier ataque contra ciudadanos o tropas estadounidenses, dentro o fuera de Siria, será respondido con contundencia. La postura manifestada por las autoridades es clara: quienes organicen, financien o inspiren atentados contra Estados Unidos y sus aliados “no encontrarán refugio y serán perseguidos sin descanso”.

Con esta nueva ofensiva, Estados Unidos reitera su compromiso de impedir el resurgimiento de ISIS en Medio Oriente y sostiene que la protección de sus nacionales y socios seguirá guiando sus acciones militares en la región y en otras áreas consideradas estratégicas.