Este martes 23 de enero, el excanciller Marcelo Ebrard compartió la demanda que presentó en el año 2021 ante una Corte Federal en Boston, de Estados Unidos, la cual señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales «negligentes» e «ilícitas», que facilitan el tráfico ilegal de armas a México.
En la querella, la cancillería mexicana recuerda que las armerías norteamericanas tienen la obligación de distribuir sus armas «de manera segura y de evitar armar a criminales en México».
También señala que los demandados tienen el deber de monitorear y supervisar cuidadosamente a sus distribuidores y concesionarios: «Los demandados tienen el deber de vender armas de forma responsable, tienen el deber de no abastecer el mercado criminal en México, tienen el deber de diseñar armas seguras, tienen el deber de abstenerse de usar publicidad incendiaria e imprudente que pueda atraer a usuarios criminales, y no pueden eludir sus obligaciones ignorando voluntariamente los hechos».
Puntualiza que cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde EU y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México.
La demanda sostiene que las armerías de Estados Unidos «son plenamente conscientes de que su conducta provoca el tráfico ilícito hacia México», afirma que los demandados «ayudan y facilitan activamente el tráfico de sus armas a los cárteles de la droga en México».
En el texto, la cancillería también advierte que las empresas norteamericanas diseñan sus armas de estilo militar e incluso las publicitan como armas de asalto de estilo militar: «Los Demandados saben que sus armas de estilo militar son las armas preferidas de los cárteles», por lo que «la comercialización imprudente de las mismas es ilegal.
Finalmente, se advierte que «los demandados causan un daño masivo al gobierno» pues «han inundado a México con sus armas», lo que ha generado en nuestro país «muerte», «destrucción», y «daño económico».
En su pliego petitorio, el Gobierno de México exige respetuosamente al Tribunal que dicte sentencias conjuntas y solidarias contra los demandados y a favor de México, que adopte medidas cautelares y de equidad contra los demandados, exigiéndoles que: «Reduzcan y remedien la molestia pública que han creado en México», «creen e implementen estándares suficientes para monitorear y disciplinar razonablemente sus sistemas de distribución», «incorporen todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles en sus armas, incluyendo dispositivos que impidan el uso de esas armas por usuarios no autorizados», y «financien estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos centrados en prevenir el tráfico ilegal de armas».
Adicionalmente, solicita una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno «en una cantidad que se determinará en el juicio», pero estimada en más de 10 mil millones de dólares; conceder sanciones civiles al Gobierno, según lo permita la ley; conceder al Gobierno la restitución y la devolución de los beneficios de los Demandados; y conceder cualquier otra reparación adicional que el caso requiera,entre otras cosas.
