Cuatro mujeres fueron detenidas durante una manifestación en Guanajuato capital en 2020. Seis años después, un juez decidió no vincular a proceso a las policías acusadas de presunto abuso de autoridad.
Salieron a las calles para exigir respuestas sobre las personas desaparecidas. Seis años después, las cuatro mujeres buscadoras detenidas durante aquella manifestación en Guanajuato capital siguen sin una resolución penal que establezca responsabilidades por los hechos que denunciaron.
El lunes 26 de octubre, el juez de control Eduardo Villagómez determinó no vincular a proceso a cuatro integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), investigadas por presunto abuso de autoridad durante las detenciones ocurridas el 10 de julio de 2020.
La decisión se sustentó en la falta de elementos suficientes para establecer la probable participación de las agentes imputadas.
La resolución no constituye una sentencia absolutoria ni determina que la actuación policial de aquel día haya sido legal.
Salieron a buscar respuestas y terminaron detenidas
El 10 de julio de 2020, familiares de personas desaparecidas participaron en una manifestación en Guanajuato capital.
Su exigencia era visibilizar la desaparición de sus seres queridos y reclamar participación en las decisiones relacionadas con las instituciones encargadas de su búsqueda.
La movilización llegó hasta la glorieta Santa Fe, donde se registró una intervención de elementos de seguridad estatal.
Durante los hechos fueron detenidas cuatro mujeres buscadoras: Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, Karla Verónica Martínez Jiménez, Verónica Durán Lara y María del Carmen Ramírez Mercado.
También fue retenido un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien posteriormente recuperó su libertad.
Las cuatro mujeres permanecieron detenidas durante varias horas, señaladas por presuntos delitos relacionados con la obstrucción de vías de comunicación y lesiones a elementos policiales.
La intervención provocó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza pública contra familiares que se manifestaban para exigir la localización de personas desaparecidas.
Derechos humanos condenó la actuación policial
La detención de las buscadoras generó pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales.
La CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron las agresiones contra las personas manifestantes y solicitaron investigar los acontecimientos.
En 2021, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato también documentó violaciones a derechos humanos relacionadas con la intervención policial.
Estos antecedentes dieron relevancia al seguimiento de las posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
Sin embargo, las determinaciones de organismos de derechos humanos y las resoluciones de un procedimiento penal responden a mecanismos distintos.
Seis años después, no hubo vinculación a proceso
La audiencia celebrada en octubre de 2026 buscaba determinar si existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra cuatro agentes estatales.
Las policías investigadas fueron identificadas como Atzimba N., Josefina N., Elizabeth N. y Alejandra N.
Durante la audiencia, sus defensas cuestionaron la identificación de las participantes en el operativo y la suficiencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Argumentaron que las imágenes disponibles no permitían distinguir los rostros de los elementos de seguridad y que existían diferencias entre los uniformes descritos por las buscadoras y los utilizados por algunas de las imputadas.
La Fiscalía sostuvo que los elementos presentados justificaban continuar con el procedimiento.
Finalmente, el juez determinó que no existían datos suficientes para establecer la probable participación de las cuatro agentes en el delito investigado.
¿Qué significa esta resolución para las buscadoras?
La no vinculación a proceso significa que, con los elementos presentados en esta audiencia, las cuatro policías no serán sometidas a proceso penal por los hechos imputados.
Sin embargo, no equivale a una declaración judicial de que las detenciones fueron correctas ni elimina las conclusiones previamente emitidas por organismos de derechos humanos.
Tampoco permite afirmar que se hayan agotado todas las posibilidades legales de investigación.
La información disponible no establece si la Fiscalía impugnará la resolución o si se desarrollarán nuevas investigaciones.
La búsqueda de justicia continúa siendo una deuda
El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión las condiciones en las que las familias de personas desaparecidas ejercen su derecho a manifestarse.
Las buscadoras salieron a las calles para exigir respuestas sobre sus familiares. Aquella jornada terminó con cuatro de ellas detenidas y dio origen a un procedimiento que, seis años después, no ha conseguido establecer responsabilidad penal contra las agentes señaladas.
La resolución judicial deja una pregunta fundamental: ¿qué ocurrió durante la intervención policial y quién debe responder por las violaciones a derechos humanos documentadas?
Porque detrás de este expediente no solamente existe una discusión sobre la actuación de cuatro policías, sino también la historia de mujeres que salieron a exigir la búsqueda de sus seres queridos y terminaron reclamando justicia por su propia detención.
Con información de Vivian Della Rocca, El Sol de León, y antecedentes documentados por la CNDH, ONU-DH México y organismos de derechos humanos de Guanajuato.
