La protesta del Día Internacional del Trabajo en Ciudad de México se anticipa como un evento clave para que miles de maestros expresen sus demandas durante la inauguración del Mundial de fútbol, el próximo 11 de junio. Los educadores, en su mayoría miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), buscan visibilizar exigencias como una jubilación digna, un incremento salarial y un sistema solidario de pensiones.

La movilización, que comenzó en el Ángel de la Independencia, está programada para finalizar en el Zócalo, donde se prevé un paro nacional coincidiendo con el FIFA Fan Festival, un evento que atraerá a más de cinco millones de turistas al país. Los líderes de la CNTE, como Pedro Ruiz de la sección 22 de Oaxaca, han dejado claro que no pretenden confrontar a los aficionados ni interrumpir el evento deportivo, sino hacer un llamado a la sociedad sobre las «incongruencias del gobierno».

Ruiz criticó que mientras el gobierno afirma no contar con recursos para la clase trabajadora, organiza un evento de gran magnitud que proyecta una imagen positiva de México. Por su parte, la maestra Carolina Cortez enfatizó que la celebración del Mundial no puede ignorar las necesidades de los trabajadores, destacando la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 como una de las principales exigencias.

A lo largo de los años, la CNTE ha manifestado su descontento con las condiciones laborales y el modelo de evaluación docente. A pesar de reuniones con autoridades de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, los maestros consideran estos diálogos insuficientes y carecen de resultados concretos.

Entre las demandas que presentarán en la Jornada de Lucha destacan la abrogación de la ley del ISSSTE y de la reforma educativa de 2019, así como un aumento del 100% al sueldo base. Las protestas continuarán el 15 de mayo por el Día del Maestro, y el 17 de mayo se anunciarán las fechas del paro nacional en el contexto del Mundial.

De acuerdo con estimaciones de los medios, alrededor de 4,500 personas participaron en la movilización, cifra inferior a años anteriores, que superaban las 8,000. La protesta culminó en Palacio Nacional, donde se entregó un pliego petitorio a las autoridades.

La Fiscalía General de México solicitará información a Estados Unidos sobre la falta de pruebas en relación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, quienes han sido señalados por presuntos nexos con el narcotráfico. La dependencia afirmó que no hay fundamentos ni evidencias que justifiquen la urgencia de una detención provisional.

Raúl Armando Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, destacó que no existen pruebas anexas al pedimento estadounidense que acrediten la comisión de un delito que amerite dicha medida cautelar. Ante esta situación, la Fiscalía enviará una comunicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York toda la documentación necesaria.

Una vez que reciban la información, la dependencia podrá adoptar un posicionamiento institucional al respecto. Jiménez precisó que se están llevando a cabo investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos ocurridos en territorio nacional.

El funcionario aclaró que la solicitud de EE.UU. no constituía una petición formal de extradición, sino una solicitud de detención provisional de los acusados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. La extradición formal solo se considerará si el gobierno estadounidense inicia dicho procedimiento conforme al Tratado de Extradición entre ambos países.

La respuesta de la Fiscalía se produce tras la divulgación de acusaciones por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, relacionadas con diez personas que supuestamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cazarez, junto a ocho funcionarios y exfuncionarios estatales, han sido acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las acusaciones incluyen presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y delitos de tráfico de drogas.

Según el comunicado oficial, los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa. Se les responsabiliza de colaborar con el Cártel para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos. El caso ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

El Cártel de Sinaloa fue designado grupo terrorista por las autoridades estadounidenses el año pasado. La acusación formal incluye a otros nueve implicados, como el exsecretario de Administración y Finanzas, el exjefe de la Policía de Investigación y un alcalde, todos señalados por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

La acusación también revela que Rubén Rocha y los demás funcionarios habrían participado en una conspiración con el Cártel para importar fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. Se les atribuye la protección de líderes del cártel y la entrega de información confidencial para facilitar sus actividades delictivas.

Rocha Moya enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas de fuego y explosivos. En caso de ser procesado, podría enfrentar una pena de cadena perpetua o hasta 40 años de prisión.

El Departamento de Justicia menciona que Rocha fue elegido con la supuesta ayuda de «Los Chapitos», mediante actos de secuestro e intimidación. Tras convertirse en gobernador, se le acusa de haber permitido que el cártel operara con impunidad a cambio de sobornos.

Entre los otros implicados se encuentran Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Este último habría beneficiado al cártel al proteger sus operaciones mientras recibía sobornos.

Las autoridades han iniciado un escrutinio sobre los vínculos de estos funcionarios con el narcotráfico, lo que ha generado un impacto significativo en la política y la seguridad del estado.

El piloto mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, partirá desde la décimo novena posición en la prueba sprint del Gran Premio de Miami, el cuarto evento del Mundial de Fórmula Uno. Durante su intervención en el circuito del Hard Rock Stadium, expresó su satisfacción con su vuelta en la calificación, aunque lamentó solo haber tenido un intento.

Pérez, nacido en Guadalajara hace 36 años y subcampeón mundial hace tres, destacó que el ritmo de su coche era prometedor. Sin embargo, enfrentó limitaciones por salir tarde a la pista, lo que le impidió realizar un segundo intento.

El piloto resaltó que también perdió tiempo en los entrenamientos libres, lo que ha retrasado su progreso en la competencia. Pérez subrayó la importancia de resolver los problemas actuales para maximizar el rendimiento de su equipo.

Finalmente, se mostró optimista hacia el día de la carrera, esperando un día tranquilo y confiando en que, al superar sus dificultades, podrá mejorar su desempeño el domingo.