La Contraloría Municipal reporta un avance del 85% en las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos que superan los 18.9 millones de pesos. Síndicos advierten que el caso no debe cerrarse sin esclarecer posibles responsabilidades.
LEÓN, GTO.– Más de 18.9 millones de pesos en contratos municipales, empresas cuya existencia ha sido cuestionada y una investigación que lleva siete meses sin una resolución definitiva. El caso de las presuntas empresas fachada en León entra en una etapa decisiva, mientras integrantes del Ayuntamiento exigen que las indagatorias no terminen en la impunidad.
La Contraloría Municipal, encabezada por Viridiana Margarita Márquez Moreno, informó que las investigaciones presentan un avance del 85% y que su objetivo es emitir una determinación durante octubre de 2026.
Sin embargo, la fecha todavía depende de la recepción de testimonios y del análisis de elementos probatorios pendientes.
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato mantiene abierta una investigación penal por posibles irregularidades relacionadas con la contratación de proveedores del municipio.
Contratos millonarios bajo investigación
El origen del caso se remonta a abril de 2026, cuando una investigación periodística de AM documentó presuntas irregularidades en empresas que habían recibido contratos del Gobierno Municipal de León.
Entre los hallazgos publicados se encuentran accionistas que aseguraron desconocer la constitución de las sociedades, domicilios donde no fue posible localizar instalaciones y dudas sobre la operación de algunas compañías.
Dos empresas destacan por el monto de los contratos que obtuvieron:
-
Office and Publicity MDF S. de R.L. de C.V.: 12 contratos por más de 7 millones de pesos entre 2024 y 2025.
-
Centro Publicitario y de Marketing TLGR SAPI de C.V.: 35 contratos por más de 11.9 millones de pesos entre 2022 y 2024.
En conjunto, ambas compañías recibieron contratos por montos superiores a los 18.9 millones de pesos, según los datos publicados por AM.
Estas cifras corresponden a montos contratados y no acreditan, por sí solas, que existiera un desvío de recursos o que todos los servicios hayan quedado sin realizarse.
Las investigaciones buscan determinar si hubo irregularidades administrativas o conductas que pudieran constituir delitos.
Señalan posibles vínculos con exfuncionario
La investigación periodística también identificó presuntos vínculos entre ambas empresas y Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses.
De acuerdo con lo publicado, esas relaciones pasarían por Alfa Color, empresa propiedad de María Fernanda García, esposa del exfuncionario.
La existencia de estos posibles vínculos forma parte de los señalamientos que han motivado la revisión de los procedimientos de contratación.
Hasta el momento, la información difundida no establece una resolución administrativa definitiva ni una sentencia penal que determine responsabilidades de las personas mencionadas.
Síndicos advierten sobre posible impunidad
La síndica María Esther Santos de Anda y el síndico Román Cifuentes Negrete manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que las investigaciones concluyan sin identificar irregularidades.
En declaraciones recogidas por AM, Santos de Anda explicó que ha solicitado a la Contraloría resolver los expedientes pendientes, incluido el relacionado con las presuntas empresas fachada.
La síndica señaló que, después de revisar documentación, considera que existen elementos que ameritan determinar posibles responsabilidades.
Por su parte, Román Cifuentes pidió que el procedimiento se resuelva con imparcialidad, transparencia y apego a las pruebas reunidas.
Ambos coincidieron en la necesidad de conocer una determinación clara, sustentada en los expedientes y en la normatividad aplicable.
Sus declaraciones expresan una postura sobre la investigación, pero no sustituyen las conclusiones que deben emitir las autoridades competentes.
Contraloría lleva 85% de avance
Durante la sesión del 13 de octubre de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Combate a la Corrupción, integrantes del Ayuntamiento solicitaron información sobre el estado de las indagatorias.
El regidor Gabriel Durán Ortiz preguntó por los avances, mientras que la regidora Luz Graciela Rodríguez Martínez pidió conocer cuándo podría concluir el procedimiento.
La contralora Viridiana Márquez informó que se ha completado aproximadamente el 85% de la investigación.
Explicó que primero se recopilaron documentos de los expedientes de contratación de las empresas involucradas, que prestaron servicios a dependencias municipales centralizadas y descentralizadas.
Posteriormente, se inició la recepción de testimonios de personas identificadas como socios o representantes de las compañías.
Actualmente, la dependencia espera algunas comparecencias y debe completar un análisis técnico adicional.
La funcionaria señaló que la meta es emitir una determinación durante octubre, aunque reconoció que el calendario depende de que las personas citadas acudan a declarar.
Fiscalía Anticorrupción también investiga
El caso no se limita a una revisión administrativa.
Román Cifuentes confirmó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en su carácter de representante legal del Ayuntamiento.
La denuncia, dirigida contra quien resulte responsable, está relacionada con posibles conflictos de interés y tráfico de influencias en la contratación de proveedores municipales.
Según explicó el síndico, posteriormente se amplió la denuncia y se entregó documentación complementaria a la Fiscalía Anticorrupción.
También señaló que se mantienen diligencias y comunicación con las autoridades investigadoras para atender los requerimientos de información.
Es importante distinguir ambos procedimientos: la Contraloría analiza posibles responsabilidades administrativas, mientras que la Fiscalía investiga la eventual comisión de delitos.
Una resolución en cualquiera de estas vías no implica automáticamente una conclusión idéntica en la otra.
Octubre será clave para el caso
La investigación sobre las presuntas empresas fachada se ha convertido en una prueba para los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas del Gobierno Municipal de León.
El monto de los contratos cuestionados, los señalamientos sobre la identidad de accionistas y los posibles vínculos con un exfuncionario han generado exigencias de esclarecimiento.
La Contraloría se encuentra cerca de concluir su revisión, pero todavía no ha anunciado una resolución definitiva.
Mientras tanto, la investigación penal continúa abierta y no se han informado conclusiones judiciales.
La pregunta pendiente es qué determinarán las autoridades sobre la legalidad de las contrataciones y si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades.
Por ahora, octubre es el plazo que la Contraloría se ha fijado para dar una respuesta administrativa a un caso que mantiene bajo escrutinio el uso de recursos públicos en León.
