El clima en Monterrey este martes presenta condiciones de lluvia ligera. La temperatura por la mañana alcanza los 28 grados Celsius, mientras que la máxima se prevé en 30 grados. La humedad se sitúa en un 76%, con una temperatura mínima estimada de 24 grados.

Se estima un 25% de probabilidad de precipitaciones, acompañadas de vientos del Este a una velocidad de 3 kilómetros por hora. El pronóstico extendido indica que el miércoles se espera lluvia ligera, con un máximo de 31 grados y un mínimo de 24. Para el jueves, también se anticipa lluvia ligera y temperaturas similares.

El viernes, las precipitaciones se moderarán, con un máximo de 26 grados y un mínimo de 21. El sábado prevé condiciones de lluvia moderada, con una temperatura máxima de 20 grados y mínima de 17. El domingo, se espera un día muy nublado, con máximas de 23 grados y mínimas de 15. Finalmente, el lunes y el martes se pronostica lluvia ligera, con temperaturas máximas de 25 y 27 grados, respectivamente, y mínimas de 18 y 20 grados.

La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) ha propuesto el fortalecimiento de mecanismos para la prevención del juego problemático en respuesta a la creciente expansión de plataformas digitales de apuestas. Esta iniciativa busca implementar herramientas tecnológicas, así como mejorar la coordinación entre las autoridades, especialistas y empresas del sector.

Según datos de AIEJA, actualmente operan en México 423 casinos distribuidos en 30 entidades federativas, bajo 38 empresas permisionarias, con más de 100 mil máquinas autorizadas y aproximadamente 80 plataformas legales de juego en línea. Se estima que la industria representa cerca del 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, generando alrededor de 200 mil empleos directos e indirectos.

La asociación, que preside Miguel Ángel Ochoa Sánchez, destaca la facilidad de acceso a estas plataformas, lo cual presenta riesgos, especialmente en relación con la exposición de jóvenes y el acceso de menores a los juegos de azar. Entre las propuestas para mitigar estos riesgos se encuentran la implementación de sistemas de verificación de edad, herramientas para establecer límites de tiempo y gasto, mecanismos de autoexclusión y tecnologías para identificar patrones de juego de riesgo.

AIEJA considera importante aumentar las acciones de información y prevención dirigidas a los jugadores, sugiriendo prácticas como establecer presupuestos de juego, no utilizar dinero destinado a necesidades básicas, evitar préstamos para realizar apuestas y no intentar recuperar pérdidas aumentando las apuestas.

En el ámbito digital, AIEJA señala que más del 60% de las apuestas se realizan en plataformas extranjeras que no están reguladas por la legislación nacional. Por ello, la asociación subraya la necesidad de fortalecer la supervisión y combatir la oferta ilegal, priorizando el desarrollo de normativas específicas para el entorno digital que protejan a los usuarios y prevengan el acceso de menores.

Además, AIEJA ha enfatizado que es crucial que las empresas asuman responsabilidades en la prevención del juego problemático, que incluyen la capacitación del personal y la provisión de información sobre los riesgos asociados a las apuestas, así como el acceso a mecanismos de autoexclusión y orientación especializada.

Para lograr estos objetivos, AIEJA plantea la colaboración de autoridades, especialistas en salud mental, instituciones educativas, familias, organizaciones de la sociedad civil y empresas, con el fin de establecer mecanismos de prevención y evaluar su efectividad. La asociación también ha reafirmado su compromiso de mantener un diálogo continuo con las autoridades y diversos sectores para desarrollar medidas de protección y fomentar un juego responsable.

Las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado aprobaron por unanimidad la reforma que prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes en las escuelas de educación básica, abarcando desde preescolar hasta secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas. La decisión, respaldada por 27 votos a favor en una sesión híbrida, establece que las autoridades escolares de los planteles de bachillerato deberán convocar asambleas para determinar el momento adecuado para el uso de estos dispositivos, mientras que en el nivel universitario se promoverá su uso responsable en el aula.

La modificación al artículo 84 de la Ley General de Educación establece que para garantizar un uso seguro de las tecnologías en las escuelas, las autoridades educativas deben establecer disposiciones, respetando el federalismo educativo y la autonomía universitaria. La reforma implica que, en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, se prohibirá el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar, salvo para fines educativos previamente definidos.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Educación, Aníbal Ostoa, afirmó que la tecnología debe ser un apoyo para la enseñanza y no un obstáculo. La reforma está diseñada para respaldar las medidas de la Secretaría de Educación Pública en este ámbito. Datos presentados en el debate señalaron que aproximadamente el 80% de los participantes expresaron dificultades para mantener la atención del alumnado, y una mayoría apoyó medidas para regular el uso de dispositivos.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, manifestó su respaldo al dictamen pero criticó la falta de consulta a niños y adolescentes sobre la cuestión. Anunció la presentación de tres reservas para asegurar su participación en la creación de reglas, promover la educación digital y realizar evaluaciones anuales sobre los efectos de las normas. Insistió en que la prohibición no enseña a utilizar internet y otros recursos de manera adecuada, sugiriendo la inclusión de temas como la identificación de contenidos dañinos y el ciberacoso.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, apoyó la regulación pero advirtió sobre la necesidad de abordar la salud mental de los estudiantes y de proveer capacitación docente con los recursos adecuados. También solicitó la evaluación de los resultados de la reforma y la implementación de garantías para la protección de datos personales y para la comunicación entre estudiantes y familias.

La captura de un líder criminal en el municipio de Totolapan, Morelos, provocó una serie de incidentes violentos, incluyendo bloqueos y quema de vehículos, lo que llevó a un despliegue de seguridad por parte de las autoridades. Este suceso ocurrió durante un operativo llevado a cabo por fuerzas del gobierno federal, estatal y municipal.

La tarde de este lunes, un dispositivo de seguridad resultó en la detención de un individuo apodado «El Güero Gym», señalado como generador de violencia en la región. Su arresto generó una respuesta violenta de presuntos integrantes del crimen organizado, quienes intentaron obstaculizar el traslado del detenido.

Tras la captura, grupos delictivos implementaron bloqueos en las carreteras que conectan a Totolapan con Oaxtepec, Tlayacapan y Atlatlahucan. Se reportó la quema de vehículos y patrullas, lo que generó columnas de humo visible desde comunidades cercanas. La tensión aumentó cuando se produjeron enfrentamientos con elementos de la Fiscalía Regional Oriente, quienes se encontraban realizando operativos en la zona.

En la operación participaron agentes de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. Fuentes no oficiales indican que al menos dos agentes ministeriales resultaron heridos durante los enfrentamientos y que algunos podrían haber sido retenidos por pobladores que exigían la liberación de «El Güero Gym».

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que eviten transitar por las áreas afectadas y se mantengan alejados de los vehículos incendiados. Equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y se realizan investigaciones en los lugares donde se registraron los enfrentamientos.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad continúan con patrullajes en los Altos de Morelos para restablecer el orden público. La población espera un comunicado oficial que detalle la situación actual, incluidos los heridos, daños materiales y el estado jurídico del detenido.

La Cámara de Diputados se encuentra evaluando una modificación fiscal que podría incrementar costos para diversas empresas de autotransporte en México. Esta propuesta, incluida en la Ley de Ingresos de 2027, tiene el potencial de restringir el acceso a un estímulo por el pago de peajes en autopistas de cuota. La medida genera inquietud entre los representantes del sector, quienes advierten sobre sus posibles repercusiones en las cadenas de suministro y en los precios al consumidor.

Según reportes de medios locales, la iniciativa sugiere reducir el umbral de ingresos anuales de 300 a 250 millones de pesos para habilitar a las empresas al beneficio fiscal. Este estímulo permite a las empresas acreditar hasta un 50% del gasto realizado en peajes contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aunque el porcentaje de acreditación permanecería inalterado, el ajuste podría excluir a aquellas compañías que actualmente cumplen con los criterios.

La modificación propuesta limitaría el acceso a este incentivo, impactando a empresas cuyos ingresos anuales superen el nuevo límite. De acuerdo con representantes del sector, esta restricción incrementaría la carga fiscal y afectaría los márgenes operativos, en un entorno ya complicado por el aumento de costos en combustibles, peajes, seguros y seguridad en carreteras.

El proyecto legislativo se encuentra en fase de deliberación, y su impacto dependerá de la versión final de la Ley de Ingresos de 2027. Actualmente, el sector del autotransporte enfrenta retos adicionales debido a un aumento en los costos operativos que incluye un incremento promedio del 9.7% en tarifas de peaje durante 2026 y un alza en el precio del diésel.

Según estimaciones sectoriales, el costo por el combustible alcanzaría los 39 mil 400 millones de pesos para el autotransporte. Además, las empresas reportaron gastos de aproximadamente 49 mil 285 millones de pesos en peajes y derechos, sumados a los gastos en seguros asociados al transporte.

Los representantes del autotransporte advierten que un aumento en sus costos logísticos podría trasladarse a los precios de otros productos. Este sector, que representa entre el 10% y el 25% del costo total de venta, podría ver un incremento en las tarifas, repercutiendo directamente en los precios al consumidor.

El debate en torno a la Ley de Ingresos de 2027 enfrenta el dilema de equilibrar la modificación de las condiciones para acceder al estímulo fiscal con la necesidad de controlar los costos del transporte de mercancías. Las organizaciones del sector han señalado las implicaciones de restringir este beneficio, sobre todo en un contexto de presión por los costos de combustible y seguridad en las carreteras.

La decisión final de la Cámara de Diputados determinará si se modifican los criterios de acceso al estímulo por el pago de peajes. Hasta que se complete el proceso legislativo y se confirme el texto aprobado, esta propuesta se mantiene como una consideración, sin convertirse en una medida fiscal definitiva.

El acceso al agua limpia y suficiente es un derecho humano fundamental, y su garantía representa uno de los retos más significativos en México. En este contexto, la nueva Ley General de Aguas establece un marco legal para regular el uso del agua, buscando mejorar la calidad y disponibilidad del recurso para la población.

En Guadalajara y su zona metropolitana, los ciudadanos enfrentan problemas relacionados con la calidad del agua potable y la suficiencia de abastecimiento en diversas colonias. La situación se ha deteriorado en 2026, con reportes de agua turbia, malos olores y contaminantes, lo que ha generado exigencias de transparencia y acciones efectivas por parte de las autoridades.

La Ley General de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objetivo reglamentar el artículo 4º de la Constitución, elevando el acceso y el saneamiento del agua a derechos humanos. La legislación reconoce el agua como un bien nacional y prioriza su uso para consumo personal y doméstico sobre usos industriales.

Entre las disposiciones clave, se establece que la Federación, los estados y los municipios deben coordinarse para promover el saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Las dependencias públicas tienen la obligación de garantizar que el agua suministrada cumpla con estándares de calidad y equidad, priorizando el interés de la infancia.

Adicionalmente, los organismos operadores no podrán suspender el suministro de agua por falta de pago en el consumo doméstico, manteniendo un mínimo vital garantizado para subsistencia y higiene. Los municipios continúan siendo responsables de los servicios de agua potable y alcantarillado, con un reconocimiento formal a los Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento en zonas rurales e indígenas.

Por último, se crea un Registro Nacional del Agua para identificar públicamente la ubicación y uso de los recursos hídricos, estipulando revisiones de concesiones para prevenir la sobreexplotación de acuíferos y la reventa de agua agrícola a terceros.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) ha solicitado a los diputados federales la asignación de recursos presupuestales necesarios para la rehabilitación integral de la Línea A del Metro, que conecta Pantitlán con La Paz. El sindicato advierte que de no atender estas demandas, se podría suspender el servicio en algunos tramos.

A través de un comunicado, el SNTSTC ha expresado preocupación por las condiciones de deterioro de esta línea, indicando que comprometen la seguridad de los miles de usuarios que la utilizan diariamente para sus desplazamientos entre la Ciudad de México y el Estado de México. La organización enfatiza que se requiere no solo mejorar la calidad del servicio, sino también prevenir posibles accidentes que pongan en riesgo la integridad de los usuarios.

Las necesidades técnicas más urgentes que han sido señaladas incluyen la renovación del sistema de catenaria, vías, equipos auxiliares, sistema eléctrico y de comunicaciones. El sindicato ha declarado que estas necesidades requieren atención inmediata y que la solución implica una inversión adecuada, planificación técnica y compromiso institucional.

El SNTSTC ha advertido de manera formal que, de continuar las condiciones actuales y sin atención a las deficiencias de operación, los trabajadores del Metro podrían verse obligados a suspender el servicio en los tramos donde no existan condiciones de seguridad. Esta decisión se presenta como una medida preventiva para garantizar la integridad de los usuarios y del personal.

Se ha aclarado que esta advertencia no es una amenaza ni una medida de presión, sino una manifestación de la responsabilidad profesional y del conocimiento técnico acumulado por los trabajadores a lo largo de los años. El sindicato reafirma su disposición a colaborar en los trabajos de rehabilitación, subrayando que la seguridad de los usuarios es prioridad y que la rehabilitación de la Línea A no puede postergarse.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión situada en el océano Pacífico. Este fenómeno ha mostrado un aumento en las probabilidades de desarrollo, lo que sugiere la posible formación de un ciclón tropical, denominado «Trudy», en caso de que continúe su evolución. La atención se intensifica en las costas mexicanas debido a esta situación, en conjunción con el avance del ciclón «Simon», que representa un riesgo para diversas entidades del país.

Según el último informe del SMN, emitido el 11 de octubre de 2026, la zona de baja presión está asociada a la onda tropical número 43. El organismo precisó que el potencial de desarrollo del fenómeno ha alcanzado un 60% para convertirse en ciclón tropical en un plazo de 48 horas. Las proyecciones indican que, en el horizonte de siete días, la probabilidad de desarrollo ciclónico podría elevarse al 90%.

El centro de esta zona de baja presión se localiza a aproximadamente 705 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas. Se ha reportado que la perturbación se desplaza de manera continua hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Las autoridades han advertido a la población y a la navegación marítima en los estados del Pacífico Sur que se mantengan informados mediante los boletines oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional, ante los potenciales efectos que este fenómeno podría causar en las costas mexicanas en los próximos días.

En cuanto al ciclón «Simon», que se ubica frente a las costas de Nayarit y Jalisco, se anticipan lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Se prevén vientos intensos en la costa de Jalisco, con rachas que podrían alcanzar entre 90 y 100 km/h, disminuyendo con el transcurso del día. En las costas de Sinaloa y Nayarit, se esperan vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, además de oleaje que podrá alcanzar entre 2.5 y 5.0 metros de altura en dichas costas.

El sector empresarial mexicano ha propuesto suspender el incremento extraordinario del salario mínimo a partir de 2027, limitando futuros aumentos a la inflación. Esta decisión está motivada por la preocupación respecto a los costos laborales, el cierre de empresas y la desaceleración del empleo formal.

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que se busca abandonar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), que ha permitido desde 2019 elevar los salarios por encima de la inflación. Mora argumentó que los incrementos extraordinarios han cumplido su función, al señalar que «una vez que se ha logrado el objetivo, ya no tendría MIR».

La actual política de aumentos salariales ha generado cambios significativos desde 2018, elevando el salario mínimo general de 88.36 pesos diarios a 315.04 pesos en 2026, aunque la recuperación real, ajustada por inflación, es inferior al apreciarse el incremento nominal superior al 250%.

El MIR fue esencial para este logro, ya que incorporó un monto adicional al incremento anual, evitando impactos directos en la inflación. La CCE sostiene que el objetivo de que el salario mínimo cubra al menos dos canastas básicas ya se ha alcanzado. Sin embargo, enfatizan la necesidad de preservar el poder adquisitivo sin poner más presión sobre las empresas, especialmente en un contexto en el que más del 50% de la fuerza laboral se mantiene en la informalidad.

La preocupación de los empresarios es notable en los sectores con menor margen de rentabilidad y en aquellos intensivos en mano de obra, donde los aumentos salariales se suman a otros costos laborales, incluyendo la expansión de días de vacaciones y la reducción gradual de la jornada laboral, establecidos en cambios legales recientes.

Medina Mora también destacó el impacto del aumento de los costos laborales en el empleo, citando el cierre de 14 maquiladoras y la pérdida de aproximadamente 60 mil puestos de trabajo en Ciudad Juárez. Asimismo, el país se prepara para una reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030, lo que también requerirá ajustes organizativos y financieros para las empresas.

La propuesta de la CCE no representa una decisión oficial y no implica que el Gobierno haya renunciado a seguir aumentando los ingresos de los trabajadores. Se espera que la próxima propuesta del Gobierno se presente para su evaluación por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), que incluye a representantes del Gobierno, trabajadores y empresarios.